El suspendido gobernador del Callao rechaza liderar organización criminal y cuestiona el proceso judicial mientras permanece prófugo tras orden de detención preliminar
El suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, rompió su silencio este jueves mediante un audio en Facebook. Desde la clandestinidad, niega categóricamente ser cabecilla de una organización criminal acusada de direccionar más de 60 contrataciones públicas que habrían perjudicado al Estado en más de S/1.4 millones. Castillo lleva tres días como no habido tras una orden de detención preliminar de 15 días dictada en el marco del caso «Los socios del Callao».
Una acusación sin sustento, según Castillo
«Las acusaciones que se me hacen no tienen fundamento, ni mucho menos motivación, ni mucho menos pruebas al canto», afirma Castillo en su pronunciamiento dirigido a la población chalaca. El político relata que recibió la notificación el 15 de diciembre, después de estar hospitalizado varios días en una clínica privada. La Fiscalía lo señala como líder de una red que habría operado durante 2023 para favorecer a proveedores específicos mediante contrataciones irregulares.
Castillo cuestiona la legalidad del proceso. Revela que el fiscal de la tercera sala anticorrupción del Callao envió el expediente a Lima en consulta. Según su versión, la sala de crimen organizado de Lima devolvió el caso por considerar que no contenía fundamentos suficientes para esa figura delictiva. Sin embargo, al regresar al Callao, se ordenó su detención por esa misma acusación. «Se ordena mi detención» pese a que Lima descartó los fundamentos, señala, sugiriendo posibles intereses ocultos detrás de las imputaciones.
El gobernador suspendido califica la medida como un atropello que viola el debido proceso. Insiste en que delegó funciones administrativas durante su gestión y hace un llamado a no permitir abusos de poder. «Lo único que pido es que en esta Navidad yo pueda retornar a mi familia y mi familia es mi puerto, mi familia es el Callao», concluye su mensaje.
La investigación fiscal: S/1.4 millones desviados
La Fiscalía sostiene que la organización criminal evitó procesos de selección legales y direccionó contrataciones en el Gobierno Regional del Callao y el Comité de Administración del Fondo Educativo. Los proveedores favorecidos fueron Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaisa Gutiérrez, quienes recibieron 37 y 19 contrataciones respectivamente. Todas las operaciones se mantuvieron por debajo de 8 unidades impositivas tributarias para eludir controles.
Según el Ministerio Público, Castillo designó a dos piezas clave: Jimmy Alexander Whu Cárdenas como asesor FAG y Hiromi Zúñiga Jauregui como jefa de Logística. Ambos compartirían el liderazgo de la organización. La Fiscalía describe a Whu Cárdenas como «la caja chica del gobernador regional», mientras que Zúñiga Jauregui habría definido a los proveedores junto con otros funcionarios.
El operativo del lunes pasado incluyó allanamientos a 27 inmuebles y la detención preliminar de cuatro funcionarios. El Poder Judicial admitió a trámite una apelación para revocar la detención de Castillo y otros implicados.
La defensa contraataca
Humberto Abanto, abogado de Castillo, rechaza las imputaciones por inconsistencias procesales. En diálogo con RPP, señaló que la Fiscalía no presentó datos objetivos y que la investigación secreta de ocho meses viola el derecho a la defensa. La ley exige notificación a los 20 días, argumento que respalda la denuncia anunciada contra el fiscal Wils Gonzáles Morales y el juez Edie Solórzano Huaraz ante la Junta Nacional de Justicia.
Abanto niega que su cliente haya viajado al extranjero y atribuye su ausencia durante el allanamiento a problemas de salud, específicamente artrosis deformante que lo llevó a internarse dos días antes.
