El exprefecto de Cajamarca Noriel Chingay y dos allegados presentaron recursos legales ante el juez Concepción Carhuancho para frenar el proceso penal
Tres personas vinculadas a Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, buscan que el Poder Judicial archive la investigación preparatoria que los involucra en el caso ‘Los waykis en la sombra’. Los implicados argumentan que los hechos que les atribuye la Fiscalía no constituyen delito.
Maniobra legal para detener el caso
El exprefecto regional de Cajamarca, Noriel Chingay, junto a Jorge Chingay y Martín Carbajal presentaron recursos de excepción de improcedencia de acción. Cada uno actuó por separado a través de sus abogados defensores. Los tres buscan anular los cargos que pesan sobre ellos en esta investigación.
El juez Richard Concepción Carhuancho admitió los recursos presentados. La autoridad judicial programó audiencias virtuales para el 21 y 22 de enero de 2026. Las partes procesales expondrán sus argumentos en estas diligencias. El magistrado resolverá el pedido en los días posteriores a las audiencias.
¿Qué argumentan los investigados?
La excepción de improcedencia de acción es un mecanismo de defensa procesal penal. Permite al investigado cuestionar la imputación fiscal cuando el hecho denunciado no constituye delito. También procede cuando no es justiciable penalmente por atipicidad. Los abogados pueden invocarla si existe un defecto legal grave en la acusación.
Este recurso busca terminar el proceso prematuramente sin entrar al fondo del asunto. Se basa en el principio de legalidad. No involucra la valoración de pruebas sino aspectos formales de la imputación.
La tesis de la Fiscalía
Según el Ministerio Público, ‘Los waykis en la sombra’ operó como una organización criminal. La red habría captado a personas afines para ubicarlas en puestos estratégicos del Estado. Las prefecturas y subprefecturas a nivel nacional fueron infiltradas con este propósito.
El objetivo era recabar fichas de afiliación para el partido ‘Ciudadanos por el Perú’. También habrían buscado aportes económicos para lograr la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Esta maquinaria presuntamente respondía a los intereses políticos de Nicanor Boluarte.
