Más del 50% del territorio concesionado a la minería en Perú está asignado al 1% de los titulares. Por ello, la eventual aprobación de la ley MAPE para regularizar la pequeña minería, junto con la quinta extensión del REINFO hasta diciembre de 2026, no resolvería el problema de la formalización para miles de pequeños mineros y mineros artesanales, un sector presente ya en casi todas las regiones y de manera alarmante en Cajamarca, Arequipa, Loreto y Puno, según el 37º Observatorio de Conflictos Mineros (OCM).
El grupo especializado advirtió que en Perú existen aproximadamente 19 000 titulares de concesiones mineras, pero solo 191 de ellos concentran más del 50% de los derechos mineros otorgados. En total, más de 20 millones de hectáreas —equivalente al 16% del territorio nacional— se encuentran concesionadas, aunque menos de dos millones de hectáreas se encuentran en operación o exploración efectiva.
Durante la presentación del informe, José De Echave, investigador de CooperAcción, explicó que el propio diseño de la Ley General de Minería de 1992 ha permitido que solo 812 titulares, dedicados a la gran y mediana minería (4.23% del total), concentren el 63% de todas las concesiones a nivel nacional. En contraste, alrededor de 16 000 pequeños mineros y mineros artesanales (casi el 85% de los titulares) apenas acceden a poco más del 23% de las concesiones.
De Echave subrayó que de las 20 millones de hectáreas hoy concesionadas, menos de 2 millones se encuentran bajo actividades efectivas de exploración o explotación, de acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas. “La mayor parte de los pequeños mineros termina operando en condición de informalidad, ya que el territorio disponible está reservado a grandes titulares, y la ley vigente no facilita ningún mecanismo real de democratización del acceso”, sostuvo.
Al ser el acuerdo previo con el titular de la concesión un requisito para la formalización de los mineros informales, este es un cuello de botella para este proceso. Este es un aspecto que no puede ser abordado adecuadamente solo mediante una Ley específica, como la Ley MAPE, pues la política de concesiones está definida desde la Ley General de Minería de 1992.
La minería ilegal de oro gana cada vez más terreno en Perú
La minería ilegal de oro está ganando cada vez más terreno en el país. Mientras en el año 2005 los cuatro principales titulares de concesiones auríferas (Yanacocha, Barrick, Ares, otras minerías aluviales) concentraban el 80% de la producción nacional de oro, hoy ese grupo solo representa el 31% (Yanacocha, Poderosa, Boroo y Consorcio Minero Horizonte). Este cambio refleja cómo la producción está mucho menos concentrada y cómo ha crecido el número de operadores pequeños, informales e ilegales, especialmente en nuevas zonas como la Amazonía, donde años atrás la gran minería prácticamente no tenía presencia, con grandes impactos para el ambiente.
Marco Arana, representante de Grufides, abordó los desafíos en Cajamarca, región emblemática de la actividad minera nacional y foco histórico de conflicto social. Arana recordó los casos de Conga y Yanacocha como ejemplos de la conflictividad generada por la expansión de la gran minería y casi nula capacidad del Estado para regular y supervisar. Describió el nuevo escenario de producción de oro, donde el peso de la pequeña y mediana minería se incrementó mientras la producción de grandes compañías descendió tras cierre de operaciones o agotamiento de yacimientos.
Para Arana, el marco normativo vigente y la concentración de derechos favorecen la coexistencia de minería informal e ilegal, que a su vez se enlaza a espacios formales y desplaza aún más a pequeños productores, generando un entorno de alta tensión y rápidas transformaciones. “Mientras la ley siga blindando la concentración y excluyendo a los pequeños productores, cualquier formalización será ficticia”, afirmó.
La concentración de concesiones mineras en Perú alcanza niveles históricos
En tanto, David Velazco, director de Fedepaz, centró su intervención en los conflictos de Arequipa, con especial énfasis en el valle de Tambo. Allí, el polémico proyecto Tía María lleva años de rechazo social, avalado por el resultado de una consulta ciudadana en 2009, donde el 97,8% de la población se manifestó en contra de la iniciativa minera, defendiendo el desarrollo agrícola del valle.
Velazco explicó que la empresa promotora obtuvo un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en 2014; sin embargo, al no haber realizado ninguna obra ni avance durante cinco años, dicho estudio caducó según la normativa vigente. A pesar de este vencimiento, no se ha tramitado un nuevo EIA. Mientras tanto, la presión sobre las comunidades ha continuado: solo en 2024, se han abierto 85 investigaciones fiscales contra dirigentes y agricultores que sostienen la oposición al proyecto, con más del 60% de estos procesos archivados al no haberse comprobado delitos ni alteración del orden público.
Finalmente, la abogada de CooperAcción, Ana Leyva observó que la falta de reglas para actualizar, revocar y declarar la caducidad de los estudios de impacto ambiental impide cualquier control real sobre el impacto de los proyectos mineros. Manifestó que mientras el marco legal no se reforme para garantizar instrumentos de control actualizados, la ampliación del REINFO y la aprobación de la ley MAPE solo trasladarán el problema, profundizando tanto la desigualdad como los conflictos.
El OCM señaló que la concentración extrema de concesiones, la falta de acceso real para la pequeña minería y los vacíos en el control ambiental muestran que la formalización auténtica solo será posible si el país afronta una reforma profunda de su régimen de concesiones, involucra a los actores sociales afectados y establece controles efectivos sobre el territorio y los recursos. Mantener el actual modelo legal perpetuará la informalidad, los conflictos y la exclusión sobre el terreno.
Puede descargar el 37 informe semestral del OCM: https://conflictosmineros.org.pe/wp-content/uploads/2025/12/Revista-Informe-de-Conflictos-Mineros-37.pdf
