La Comisión Permanente votará en segunda instancia la ampliación del Reinfo, luego de que el Pleno rechazara reincorporar a 50 mil operadores informales excluidos del registro
La Comisión Permanente del Congreso sesiona mañana desde las 9 a.m. para aprobar en segunda votación la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026. El dictamen, que ya cuenta con 60 votos a favor en primera instancia, prolonga indefinidamente un proceso que debía culminar hace años y mantiene en vilo la legalización de decenas de miles de mineros que operan al margen de la ley.
El proyecto extiende el plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que entre en vigor la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) con su reglamento. Durante este periodo, el Ministerio de Energía y Minas implementará acciones de acompañamiento técnico y supervisión ambiental. Sin embargo, la norma no precisa qué mecanismos garantizarán que esta vez sí concluya el proceso.
División en el Pleno evidencia presiones sectoriales
La votación del 4 de diciembre reveló fracturas en todas las bancadas parlamentarias. Las 12 agrupaciones respaldaron mayoritariamente la ampliación, pero mostraron divisiones internas con votos a favor, en contra y abstenciones. Solo Renovación Popular mantuvo una postura uniforme al rechazar completamente la reincorporación de mineros excluidos.
El Pleno rechazó dos propuestas polémicas que acompañaban la ampliación. La primera buscaba reincorporar excepcionalmente a más de 50 mil mineros informales ya excluidos del Reinfo: cayó por 46 votos contra 43. La segunda pretendía suspender los procesos de exclusión en curso: fue rechazada por 47 votos frente a 41.
Formalización sin fecha límite
La ampliación del Reinfo se convierte en una constante legislativa que perpetúa la informalidad bajo el pretexto de facilitar la legalización. Este registro opera desde 2017 y ha recibido múltiples prórrogas sin que ningún gobierno logre concluir el proceso. Miles de operadores mineros continúan trabajando en zonas ambientalmente sensibles mientras el Estado pospone decisiones que afectan territorios, comunidades y ecosistemas.
La Comisión Permanente, que asume funciones del Pleno durante el receso, tiene en sus manos ratificar una medida que prolonga la ambigüedad jurídica de un sector vinculado a delitos ambientales y actividades ilícitas. La aprobación parece asegurada.
