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No va más: Histórico partido que fundara Fernando Belaunde Terry al borde de la desaparición

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Denuncias de fraude en elecciones internas, congresistas acusados por corrupción y los famosos “niños” en el Congreso terminaron de hundir al histórico partido de la lampa

El JNE declaró nulas las primarias tras comprobarse que 28 delegados electos fueron sustituidos irregularmente. La resolución impide al partido presentar candidatos a la presidencia y al Congreso

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió anular las elecciones primarias de Acción Popular mediante la Resolución N° 0745-2025-JNE, dejando a la histórica organización política fuera de las Elecciones Generales 2026. La decisión se fundamenta en vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y debido proceso, tras comprobarse que la presidenta del Comité Nacional Electoral, Cinthya Pajuelo Chávez, sustituyó unilateralmente a 28 delegados electos el 30 de noviembre, alterando los resultados e incluyendo personas que no fueron votadas por los afiliados.
La medida anula la proclamación de Alfredo Barnechea como candidato presidencial y todas las listas para el Legislativo, cerrando la participación del partido en los comicios nacionales pero manteniéndole la posibilidad de competir en elecciones regionales y municipales.
EL FRAUDE QUE DERRIBÓ UNA
CANDIDATURA
El organismo electoral detectó discrepancias entre los delegados declarados ganadores por el Comité Nacional Electoral de Acción Popular y la lista oficial elaborada por la ONPE durante las primarias del 30 de noviembre. Las irregularidades se registraron en doce circunscripciones: Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali. En todas las mesas de sufragio del 7 de diciembre participaron ciudadanos que no habían sido elegidos como delegados.
La resolución señala que la situación evidenció que el cien por ciento de las mesas presentaron un vicio sustancial relacionado con la conformación del cuerpo electoral. El experto en materia municipal José Manuel Villalobos fue contundente al calificar los hechos: “El fraude se configura porque la presidenta del tribunal cambió los resultados de la elección de delegados. Veintiocho personas que no fueron elegidas participaron el 7 de diciembre, alteraron el resultado y viciaron la votación”. La propia Dirección de Fiscalización del JNE había advertido de las irregularidades antes del 30 de noviembre, pero el proceso continuó contaminado hasta su desenlace.
SIN POSIBILIDAD DE
RETROTRAER EL PROCESO
El JNE descartó convocar nuevas elecciones primarias en Acción Popular, argumentando
que ello quebraría el cronograma electoral establecido. La resolución precisa que retrotraer
el proceso electoral pondría en riesgo el hito del 7 de diciembre referido a las elecciones por delegados y el del 15 de diciembre próximo para la proclamación de resultados. El organismo afirmó que debe asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos.
La medida deja sin efecto la proclamación de Barnechea, quien había obtenido 55.224% de los votos y 37 delegados según la ONPE. El experto Villalobos aclaró que ningún afiliado podrá postular bajo las siglas del partido en los comicios nacionales de 2026: “No van a tener candidato presidencial, ni listas para el Senado, la Cámara de Diputados, ni el Parlamento Andino”.
LA BATALLA INTERNA QUE
ANTICIPÓ EL COLAPSO
Días antes de la resolución del JNE, el presidente del partido Julio Chávez había denunciado públicamente un “manifiesto y grosero fraude” en el proceso interno. Chávez, quien disputó
la candidatura con Barnechea, rechazó los resultados oficiales y atribuyó a Pajuelo Chávez la sustitución irregular de delegados, supuestamente con complicidad de la ONPE. La pugna entre la Lista 6 de Barnechea y la Lista 1 de Chávez expuso las fracturas profundas dentro de la organización.
La ONPE, por su parte, manifestó que no poseía competencia para pronunciarse sobre controversias internas y reiteró que su responsabilidad se limitó a registrar la información remitida por el propio partido. El ambiente de desconfianza y fragmentación dejó a Acción Popular en una crisis institucional que ahora se traduce en su exclusión del proceso electoral más importante del país.
UN FUTURO CONDICIONADO
Acción Popular podrá recuperar su derecho a participar en procesos regionales y municipales si reorganiza sus estructuras internas. Según Villalobos, el partido tiene tiempo para recomponerse y llevar a cabo nuevas primarias en mayo del próximo año, cumpliendo estrictamente la normativa.
El plazo clave es el 7 de enero, fecha límite para perfeccionar estatutos y reglamentos ante
cualquier observación del JNE. La decisión reduce la oferta electoral para los ciudadanos peruanos, que históricamente han visto en Acción Popular una fuerza protagonista del sistema democrático. Treinta y seis organizaciones políticas han presentado listas válidas para la presidencia y treinta y ocho para el Congreso, en una contienda que ahora transcurrirá sin uno de los partidos más tradicionales del país.
La Resolución N° 0745-2025- JNE confirmó que en el cien por ciento de las mesas de sufragio del 7 de diciembre participaron personas que no fueron elegidas como delegados el 30 de noviembre. La sustitución unilateral de 28 delegados por parte de la presidenta del Comité Nacional Electoral contaminó irreversiblemente el proceso, anulando todas las candidaturas posteriores. El JNE había advertido del fraude en proceso antes del 30 de noviembre, pero la irregularidad se consumó sin intervención oportuna del propio partido.

Cuando el fraude interno se convierte en suicidio electoral
La anulación de las primarias de Acción Popular expone las debilidades estructurales de un sistema partidario que permite que dirigentes sin escrúpulos manipulen resultados internos con total impunidad hasta que el daño es irreversible. La pregunta incómoda es por qué una organización con décadas de historia permitió que una sola persona alterara la voluntad de sus afiliados sin mecanismos efectivos de control previo. El caso demuestra que la fiscalización externa llega tarde cuando la corrupción interna ya ha destruido la legitimidad democrática. Acción Popular no fue víctima de un ataque externo sino de su propia incapacidad para garantizar procesos transparentes, convirtiendo el fraude en una forma de autodestrucción política que termina castigando no solo a sus militantes sino a todo el electorado que pierde una opción en las urnas.