Resolución ignora peritajes oficiales y sobreseimientos firmes que desmontan acusación fiscal contra Cerrón líder de Perú Libre
El juez Leodan Cristóbal Ayala declaró infundado este jueves 4 de diciembre el pedido de variación de prisión preventiva presentado por Vladimir Cerrón. La resolución desestima elementos técnicos contundentes que desvirtuan la acusación fiscal y expone una vez más la persecución política sistemática contra el líder de Perú Libre. La decisión judicial ignora peritajes oficiales del Estado, sobreseimientos firmes y testimonios que favorecen al exgobernador de Junín, priorizando un argumento genérico sobre deberes procesales sin analizar el fondo de las pruebas presentadas.
Argumentos técnicos desestimados sin análisis de fondo
La defensa de Cerrón presentó el Informe Técnico de la Procuraduría General del Estado que detecta errores metodológicos graves en las pericias contables elaboradas por la fiscalía. Este documento oficial contradice las conclusiones fiscales sobre supuesto desbalance patrimonial. Sin embargo, el juez Ayala desestimó este elemento bajo el argumento de que no sería conclusivo, pese a reconocer que relativiza las pericias fiscales.
El magistrado admitió que el informe de la Procuraduría sí posee la cualidad de nuevo elemento de convicción. No obstante, argumentó que la sospecha fuerte no se sustenta únicamente en el peritaje cuestionado, sino en 109 elementos de convicción. Esta posición judicial ignora que si uno de los pilares fundamentales de la acusación colapsa, el resto de la construcción fiscal pierde solidez.
La resolución tampoco valoró adecuadamente el Informe Pericial Contable de la Policía Nacional que determinó un saldo a favor de Cerrón por 561,220 soles y la ausencia de desbalance patrimonial. El juez descartó este peritaje policial oficial alegando que no es nuevo, pese a que contradice directamente la versión fiscal.
Sobreseimientos firmes tratados como irrelevantes
El magistrado reconoció que existen sobreseimientos firmes en investigaciones por lavado de activos contra Cerrón en periodos que coinciden parcialmente con la actual acusación. La Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo confirmó el sobreseimiento del periodo 2011-2014. Otro juzgado sobreseyó el periodo 2007-2017 en septiembre de 2025. Estos fallos configuran cosa juzgada sobre parte sustancial del marco temporal investigado.
Sin embargo, la resolución judicial desestima estos sobreseimientos argumentando que los hechos investigados serían distintos. Esta interpretación ignora que el patrimonio de una persona es único y que múltiples investigaciones por lavado de activos sobre los mismos periodos configuran persecución múltiple prohibida por el Código Procesal Penal.
La Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada de Huancayo dispuso no formalizar investigación contra Cerrón por lavado de activos en octubre de 2025. Esta disposición fiscal fue declarada consentida en noviembre. El juez desestimó este elemento argumentando que se refiere a hechos distintos, perpetuando así la fragmentación artificial de investigaciones contra el mismo investigado.
Persecución política encubierta en argumentos procesales
La resolución expone su naturaleza política cuando prioriza un argumento genérico sobre deberes procesales por encima del análisis sustancial de las pruebas. El juez sostiene que ningún procesado está autorizado para evadir obligaciones procesales frente a decisiones judiciales firmes. Este razonamiento ignora que Cerrón enfrentaba sentencias irregulares posteriormente anuladas por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.
El líder de Perú Libre denunció que la resolución no importa los nuevos elementos que desvanecen los fundamentos de la acusación fiscal. La maniobra política resulta evidente cuando el sistema judicial mantiene la prisión preventiva sin analizar el fondo de las pruebas que favorecen al investigado. La Bancada de Perú Libre rechazó enérgicamente esta grave injusticia y anunció que apelará la decisión.
Cerrón advirtió en sus redes sociales que el argumento principal del juez revela el sesgo político de la decisión. La resolución prioriza mantener al líder de Perú Libre fuera del escenario electoral por encima de la valoración objetiva de las pruebas presentadas. Esta estrategia judicial busca impedir su participación en las elecciones de 2026 mediante argumentos procesales que encubren una persecución política sistemática.
Cuestionamientos sobre imparcialidad del magistrado
El juez Leodan Cristóbal Ayala enfrenta cuestionamientos sobre su imparcialidad debido a información periodística que lo vincula con Patricia Benavides. Especialistas señalan que un magistrado con presuntas denuncias por corrupción no estaría calificado moralmente para pronunciarse en casos con alta carga política. La designación de este juez específico para el caso Cerrón genera dudas sobre la transparencia del proceso judicial.
La defensa de Cerrón argumentó que la investigación preparatoria concluyó el 11 de noviembre de 2025, lo que reduce significativamente el riesgo de obstaculización. La Corte Suprema ha establecido que la proximidad del fin de la investigación disminuye la posibilidad de entorpecimiento procesal. Sin embargo, el juez Ayala no consideró este elemento en su análisis sobre peligrosismo procesal.
EL DATO
El juez Leodan Cristóbal Ayala rechazó la libertad de Vladimir Cerrón pese a que tres instituciones del Estado contradicen la versión fiscal: la Policía Nacional determinó ausencia de desbalance patrimonial, la Procuraduría General detectó errores metodológicos en pericias fiscales y la SUNAT verificó el correcto cumplimiento tributario. La Bancada de Perú Libre anunció que apelará esta resolución que expone la persecución política contra su líder mediante argumentos procesales que ignoran pruebas técnicas contundentes.
