Serenos detectaron a dos personas en moto que depositaron el artefacto explosivo. El burgomaestre enfrenta acusaciones por vínculos con redes criminales.
Desconocidos dejaron un artefacto explosivo a un metro de la puerta de la vivienda del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, en el jirón Sánchez Cerro. El hecho ocurrió esta madrugada y fue detectado por serenos que patrullaban la zona. La Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables, mientras el burgomaestre enfrenta señalamientos por supuestos vínculos con organizaciones criminales.
El hallazgo del explosivo
Los serenos detectaron el artefacto alrededor de la 1:19 de la madrugada. Según un comunicado de la Municipalidad de Carabayllo, los agentes observaron el desplazamiento sospechoso de dos sujetos a bordo de una motocicleta. «De inmediato se alertó a la Central de Cámaras y a la Comisaría de El Progreso», señala el documento oficial.
Los agentes policiales y serenazgos acordonaron la zona para proteger a los vecinos. Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegó al lugar a las 2:15 de la madrugada para analizar el artefacto. La Policía continúa las investigaciones para capturar a los responsables.
Antecedentes de violencia
El 5 de noviembre pasado, desconocidos arrojaron artefactos explosivos durante un evento público que lideraba Mendoza. El ataque ocurrió en la avenida Merino Rina, cerca de la biblioteca municipal. Un grupo de madres protestaba en el lugar para exigir el pago de salarios pendientes a trabajadores de los nidos municipales. Dos serenos resultaron heridos tras la explosión.
Investigación por vínculos criminales
A inicios de octubre, la Fiscalía intervino 53 inmuebles en Lima Norte. La operación buscaba desbaratar la red liderada por Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’. Las autoridades intervinieron la vivienda y las oficinas de la Municipalidad de Carabayllo.
Mendoza enfrenta señalamientos por supuestos vínculos con la organización criminal ‘Los Sanguinarios de la Corrupción’. La hipótesis fiscal indica que el alcalde habría favorecido a integrantes de la red mediante contratos municipales. Las autoridades encontraron en su vivienda material considerado «relevante» para la investigación.
