Militantes fujimoristas registrados en planilla parlamentaria fueron captados en el local partidario durante horario laboral, mientras el Estado les deposita sus salarios
Una investigación periodística reveló que tres militantes de Fuerza Popular cobran del Estado por trabajar en el Congreso, pero cumplen funciones dentro del local partidario de Keiko Fujimori en Santa Beatriz. Los implicados son Leticia Leyva Baylón, Jorge Llerena Portugal y Geraly Ulloa Depaz, quienes fueron grabados realizando coordinaciones internas del partido cuando deberían estar en sus oficinas parlamentarias.
Congresistas desconocen a sus propios trabajadores
El programa Cuarto Poder documentó que en los despachos donde estos empleados aparecen asignados «nadie sabe de ellos». El caso más llamativo es el de Jorge Llerena Portugal. Este militante figura como auxiliar del despacho de la congresista Auristela Ana Obando Morgan, con un salario superior a S/3 500 mensuales.
Cuando el reportaje consultó a Obando Morgan sobre Llerena Portugal, la legisladora respondió: «Nunca lo he escuchado». Solo después de varias insistencias reconoció su nombre. Sin embargo, no pudo explicar qué tareas realiza este trabajador. El programa verificó que el portal del Congreso no registra descuentos por inasistencias, lo que indica que Llerena recibe su pago completo.
Técnica fantasma en comisión del VRAEM
Geraly Ulloa Depaz aparece contratada como técnica de la Comisión Especial Multisectorial a favor del VRAEM. El Estado le paga S/6 007 mensuales por este cargo. El dominical contactó directamente a la comisión para verificar su presencia. Un trabajador de esa área fue tajante: «Aquí no hay ninguna Geraly Ulloa».
Las cámaras captaron a Ulloa en el local de Fuerza Popular los días 19, 20 y 24 de noviembre. Las visitas ocurrieron durante pleno horario laboral. Mientras tanto, su salario seguía ingresando puntualmente.
Asesora con oficina en Santa Beatriz
Leticia Leyva Baylón es el caso más grave por el monto que recibe. Esta militante fujimorista figura como asesora II del congresista Eduardo Enrique Castillo Rivas. El Congreso le deposita S/10 502 cada mes por sus servicios.
El reportaje documentó que Leyva «coordina, recibe invitados y pasaría largas horas» en el local partidario de Fuerza Popular. Estas actividades las realiza igualmente durante el horario en que debería trabajar para el Parlamento. El caso expone cómo recursos del Estado financian operaciones partidarias privadas.
