Castigo llega tras denuncia de discriminación salarial ante el Congreso. CTE Perú respalda lucha y anuncia movilización en defensa de derechos. Dirigencia enfrenta proceso que vulnera la libertad sindical.
Un grave conflicto institucional se ha desatado en la Contraloría General de la República luego de que su dirigencia sindical denunciara una presunta represalia directa por
haber expuesto ante el Congreso la discriminación salarial que afecta a
cientos de trabajadores.
El caso involucra un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) contra toda la junta
directiva del Sindicato de Trabajadores a Plazo Indeterminado, con sanciones que incluyen la suspensión por 365 días. La secretaria general del sindicato, Viviana Mondragón, reveló que el PAD fue activado pocos días después de su intervención ante el Parlamento, donde informó sobre las desigualdades remunerativas internas. Según denunció públicamente,
el proceso no responde a faltas reales, sino a una represalia directa por haber ejercido su derecho a la denuncia institucional .
Uno de los elementos más graves del caso es que, según el sindicato, el gerente de Recursos Humanos y órgano instructor del proceso, Alan Werner Saldaña Bustamante, habría señalado en una reunión interna que la resolución ya estaba proyectada antes de recibir los descargos, lo que evidenciaría que el proceso habría sido iniciado con una sanción ya decidida de antemano, vulnerando el principio de imparcialidad .
El secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú, Domingo Cabrera Toro, confirmó que no se trata de un hecho aislado, sino de una escalada
antisindical que incluye intimidaciones, hostigamiento administrativo y la criminalización de la dirigencia sindical. Señaló además que el gerente cuestionado permanece en el cargo pese a no cumplir el perfil profesional para la función, lo que agrava la situación institucional . La propuesta de suspensión por un año no solo alcanza a la secretaria general, sino que, al haber sido la denuncia presentada de forma colegiada ante el Congreso, el mismo PAD podría afectar a todos los miembros de la junta directiva,
dejando sin representación efectiva a los trabajadores sindicalizados de la Contraloría.
Diversas centrales sindicales han anunciado que no permitirán que este caso se convierta en un precedente de persecución laboral desde el Estado.
Se evalúan movilizaciones, acciones legales y la intervención de organismos
de defensa de derechos fundamentales, mientras el sindicato exige la anulación inmediata del proceso y garantías para el ejercicio legítimo de la libertad sindical.
Sanción ya estaba decidida antes del proceso, denuncia sindicato
Según la dirigencia sindical, en una reunión interna sostenida con tres trabajadores de la Contraloría, el propio órgano instructor habría admitido que la resolución sancionadora ya estaba preparada incluso antes de recibir los descargos formales, lo que convertiría todo el procedimiento en una “pantomima administrativa”.
La sanción propuesta consiste en una suspensión de 365 días para la secretaria general, pero podría extenderse a toda la junta directiva por haberse presentado la denuncia salarial de manera colectiva ante el Congreso de la República.
El sindicato ha solicitado la intervención del Presidente de la República, del Congreso, de Sunafil y de la Defensoría del Pueblo, advirtiendo que no permitirán que se consolide un precedente que ponga en riesgo a todas las organizaciones sindicales del país.
