La Corte Suprema ordenó su captura nacional e internacional. La exministra permanece asilada en la embajada mexicana en Lima.
La Corte Suprema condenó a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros, a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para rebelión. La sentencia responde a su participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El tribunal ordenó su ubicación y captura tanto en territorio peruano como en el extranjero.
La sentencia del Poder Judicial
El fallo considera a Chávez Chino coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional. «Condenar a Betssy Betzabet Chávez Chino como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para una rebelión», estableció la resolución judicial.
La jueza Norma Carbajal precisó que la condena es de carácter efectivo. Se descontará el tiempo que la exfuncionaria estuvo bajo prisión preventiva. Actualmente esa medida cautelar fue levantada, lo que motivó la orden de captura.
La pena se basa en el artículo 349 del Código Penal. El Estado peruano figura como la parte agraviada en este proceso.
El refugio en la embajada mexicana
Chávez ingresó a la residencia de la Embajada de México en Lima el 2 de noviembre pasado. El asilo diplomático generó una crisis bilateral entre ambos países. El canciller Hugo de Zela anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México tras este hecho.
El gobierno mexicano solicitó el salvoconducto para trasladar a Chávez a su territorio. Sin embargo, el Estado peruano decidió postergar esa decisión. De Zela explicó que buscan consultar con otros países de la OEA sobre los alcances de la Convención de Caracas de 1954.
«Lo que hemos decidido es demorar la consideración del salvoconducto para tener tiempo de hacer consultas con otros países de la región», señaló el canciller a CNN. La estrategia del gobierno apunta a revisar si ese tratado internacional se ajusta al contexto actual.
La situación mantiene a Chávez en un limbo jurídico-diplomático. Mientras permanece protegida por el asilo, pesa sobre ella una condena firme y una orden de captura vigente.
