El Ministerio de Educación (Minedu) plantea implementar Escuelas Modulares Integrales en zonas rurales con el apoyo de los Gobiernos locales, como una alternativa para reducir la brecha en infraestructura educativa en el país, informó la viceministra de Gestión Institucional, Cecilia García Díaz.
En el marco de la intervención multisectorial realizada esta semana por el Ejecutivo en la región La Libertad, y en presencia de alcaldes provinciales y distritales, la viceministra explicó que las Escuelas Modulares Integrales constituyen una solución eficiente y de menor costo para atender las necesidades de infraestructura en áreas rurales y, de esta manera, cerrar brechas.
Precisó que estas edificaciones modulares no convencionales tienen una vida útil de entre 15 y 20 años, y cuentan con la evaluación favorable de los ministerios de Vivienda y de Economía y Finanzas.
García Díaz señaló que, como en todo proyecto de inversión, uno de los principales retos es el saneamiento físico-legal de los terrenos donde se instalarán los módulos. No obstante, destacó que los equipos técnicos del Minedu brindan asistencia especializada a los alcaldes que lo soliciten.
Asimismo, informó que el Sistema Descentralizado de Asistencia Técnica (ASITEC) se encuentra en un proceso de transformación con la nueva plataforma SIAT, que no solo implica un cambio de nombre, sino que busca ofrecer una asistencia técnica más efectiva y un acompañamiento continuo a los Gobiernos locales en la elaboración de expedientes técnicos, optimizando tiempo y recursos.
Al explicar el estado actual de algunos proyectos de instituciones educativas en localidades de La Libertad, la viceministra García aseveró que el Minedu está realizando un monitoreo permanente de las obras paralizadas, las cuales requieren un tratamiento especial en el proceso de su reactivación.
Finalmente, anunció que el Minedu cuenta con una cartera de 66 proyectos que necesitan financiamiento y adelantó que se tiene pensado organizar un evento de promoción de inversiones, con el fin de atraer a empresas del sector privado interesadas en contribuir al fortalecimiento de la infraestructura educativa del país a través del mecanismo de obras por impuestos.
