La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó informe que acusa a Villena, Sánchez, Ávalos y Espinoza de violar la Constitución al emitir resolución que interfirió con funciones policiales.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el martes 18 de noviembre el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años a los fiscales supremos Juan Carlos Villena Campana, Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera y Delia Espinoza Valenzuela. El documento los acusa de cometer delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato e instigación de usurpación de funciones policiales tras emitir la Resolución 2246-2024 del 14 de octubre de 2024. La decisión se adoptó con nueve votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.
La denuncia y sus fundamentos
Los congresistas Fernando Rospigliosi Capurro, José Cueto Aservi y Alfredo Azurín Loayza presentaron la Denuncia Constitucional 528 contra los cuatro magistrados. Los denunciantes sostienen que los fiscales violaron los numerales 1 y 4 del artículo 159, además de los artículos 38, 103, 109 y 166 de la Constitución. El núcleo de la acusación gira en torno a la resolución que aprobó un reglamento que presuntamente vulneró la Ley 32130, norma que modificó el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional.
Los denunciantes afirman que la resolución impuso lineamientos que no correspondían a la competencia fiscal. Según el informe, los magistrados interfirieron con funciones exclusivas de la PNP. Los impulsores señalan que los fiscales crearon conflictos operativos y debilitaron la cooperación institucional entre la PNP y el Ministerio Público.
El caso Espinoza
La denuncia alcanza a la suspendida fiscal Delia Espinoza Valenzuela, quien espera que la Junta Nacional de Justicia acate lo dispuesto por el 9.° Juzgado Constitucional de Lima que la repone como titular de la Fiscalía de la Nación. La JNJ acudió al Tribunal Constitucional para anular esa resolución. El juez Juan Torres Tasso reinició el trámite para que sea reincorporada en dos días por un error en la notificación. Mientras Espinoza espera regresar, el Congreso continúa con su trámite para inhabilitarla por 10 años.
Próximos pasos
La SAC, presidida por Lady Camones Soriano de Alianza para el Progreso, aprobó el texto acusatorio. Jorge Montoya Manrique de Honor y Democracia sustentó el informe. Según el artículo 89 del Reglamento del Congreso, el informe debe aprobarse en la Comisión Permanente. Si esto ocurre, pasa al Pleno para debate definitivo. La denuncia constitucional se aprueba con un mínimo de 66 votos. Si logra ese número, la acusación se deriva al Ministerio Público.
