Más de 50 organizaciones empresariales se oponen a la extensión del registro que beneficia a la minería informal, mientras demandas de comunidades amazónicas revelan el fracaso de una política que protege intereses económicos por encima del territorio
Los poderosos gremios empresariales del país lanzaron un comunicado contra la propuesta de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta diciembre de 2027. El dictamen, que se debate en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, permitiría reincorporar a miles de mineros informales ya excluidos del padrón. Organizaciones como ComexPerú, Confiep, SNI, Adex y la Sociedad Nacional de Minería lideran esta ofensiva, alegando que la medida contravendría compromisos internacionales.
El pronunciamiento sostiene que la ampliación del REINFO representa un retroceso en la lucha contra la minería ilegal. Los gremios argumentan que esta economía informal se ha convertido en la más poderosa del país. Sin embargo, esta narrativa omite el contexto estructural que empuja a miles de trabajadores mineros hacia la informalidad: la ausencia de políticas reales de formalización y el abandono histórico del Estado en zonas de minería artesanal.
La Comunidad Andina (CAN) aparece como protagonista en la ofensiva empresarial. La Secretaría General de la CAN resolvió que el Estado peruano incumplió sus obligaciones comunitarias referidas a la lucha contra la minería ilegal. Los gremios empresariales utilizan este dictamen como argumento para exigir el archivo de la ampliación del REINFO. La CAN determinó que las sucesivas prórrogas han favorecido la expansión de actividades ilegales y debilitado la institucionalidad ambiental.
El Tribunal Constitucional se suma al ataque
El comunicado empresarial también rescata la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que calificó al REINFO como un proceso fracasado. El TC exigió a los poderes del Estado abstenerse de aprobar normas que otorguen exenciones penales, administrativas o civiles por delitos ambientales a los mineros inscritos. Los magistrados llamaron, en cambio, a crear un régimen permanente para la minería artesanal y de pequeña escala con reglas claras.
Los gremios aprovechan esta sentencia para pedir al Parlamento archivar la propuesta de ampliación. En su lugar, proponen un sistema que promueva la formalidad real en la minería artesanal con estándares en seguridad, ambiente y condiciones laborales. La ironía es evidente: quienes nunca impulsaron políticas efectivas de formalización ahora exigen estándares que saben imposibles de cumplir para pequeños productores.
Amenazas comerciales y sanciones
El documento empresarial destaca que el incumplimiento de los compromisos con la CAN podría derivar en sanciones comerciales dentro del bloque andino. Estas restricciones afectarían directamente a la industria y las pequeñas empresas exportadoras peruanas. Los gremios advierten que mantener el esquema de impunidad del REINFO impide implementar mecanismos efectivos de trazabilidad y control ambiental.
Al estar en el REINFO, las personas naturales y jurídicas son eximidas de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal, comprometiéndose a culminar el proceso de formalización minera integral. Esta característica del registro es precisamente lo que molesta a los sectores empresariales: permite que trabajadores mineros continúen su actividad mientras cumplen requisitos para formalizarse.
El plazo original del REINFO vencía el 31 de diciembre de 2024. En medio de críticas, el Congreso amplió por seis meses el plazo para la formalización minera hasta el 30 de junio de 2025. Ahora se propone una extensión hasta diciembre de 2027 y la reincorporación de mineros excluidos, lo que ha generado la reacción empresarial.
La posición de los gremios: ¿defensa ambiental o control económico?
Las organizaciones empresariales exhortaron al Congreso a no aprobar la ampliación del REINFO. También instaron al Poder Ejecutivo a involucrarse activamente en el proceso, articulando esfuerzos para fortalecer la gobernanza ambiental y enfrentar economías ilícitas. El comunicado menciona casos como la minería, pesca y sector forestal.
La propuesta de ampliación del REINFO se encuentra en cuarto intermedio en la Comisión de Energía y Minas que preside Víctor Cutipa. Los gremios empresariales presentan su oposición como defensa ambiental y cumplimiento de compromisos internacionales. Sin embargo, el trasfondo revela una disputa por el control de la actividad minera en el país.
Los pequeños mineros artesanales enfrentan requisitos técnicos y económicos difíciles de cumplir sin apoyo estatal real. Las constantes amenazas de exclusión del REINFO los empujan hacia la ilegalidad definitiva. Mientras tanto, los gremios empresariales que nunca impulsaron políticas efectivas de formalización exigen ahora estándares inalcanzables para miles de trabajadores que dependen de esta actividad para sobrevivir.
