La medida vigente desde el 7 de noviembre busca cortar el acceso de organizaciones criminales a líneas móviles sin registro. La PNP intensificará operativos en calles y mercados, mientras las operadoras asumen responsabilidad total sobre la venta y activación de tarjetas SIM.
El Gobierno peruano prohibió la comercialización ambulatoria de chips telefónicos en todo el país como parte de su estrategia contra la extorsión y el sicariato. La disposición, formalizada mediante el Decreto Supremo 128-2025-PCM y vigente desde el viernes 7 de noviembre, responde a la necesidad de frenar el uso de líneas móviles no identificadas que grupos delictivos emplean para operar sin rastreo. La medida establece coordinación entre el Ejecutivo, la Policía Nacional del Perú, las municipalidades, el Ministerio Público, el Poder Judicial, Osiptel y las empresas operadoras.
Municipios y operativos policiales
El decreto encarga a las municipalidades distritales detectar y reportar los lugares donde se ofrezcan chips en la vía pública. Los reportes deberán incluir evidencia fotográfica, ubicación exacta, identidad de los vendedores y la empresa operadora vinculada. El ministro del Interior explicó que la medida ataca la activación ilegal de líneas móviles usadas para coordinar extorsiones. «Estamos cerrando una de las puertas más usadas por las mafias para esconderse tras la anonimidad», declaró.
La PNP intensificará operativos en mercados y calles donde se ofrezcan chips sin registro. Los agentes incautarán los equipos y reportarán la información a Osiptel. Esta entidad brindará acceso digital a los procesos de comercialización y activación a las autoridades judiciales.
*Validación biométrica y testimonios»
La normativa refuerza la validación biométrica obligatoria durante la compra de un chip. Cada usuario deberá identificarse con su DNI y huella digital. Las operadoras asumirán la responsabilidad integral del proceso de venta y activación. El especialista en ciberseguridad Miguel Guerra León consideró que la decisión puede funcionar si se mantiene vigilancia constante. «El problema no solo está en la venta callejera, sino en la débil supervisión de algunas empresas», señaló.
Vecinos de distritos como La Cachina, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador afirmaron que la venta informal de chips se mantenía a la vista de todos desde hace años. «Me pedían dinero y sabían dónde vivía. Desde entonces, tengo miedo de contestar a números desconocidos», relató una ciudadana. La prohibición marca un punto de inflexión en el control del mercado de telecomunicaciones.
