Siguen con la narrativa de que todo control constitucional es una amenaza.
Magistrados usan la “independencia” para evitar acatar al TC.
La disputa entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial dio un nuevo giro esta semana. A pocos días del fallo de la Primera Sala Constitucional que desobedeció una orden expresa del TC, jueces de todo el país cerraron filas con un documento colectivo que omite el desacato y reivindica la autonomía judicial. La llamada “Declaración de Tacna” opera, en los hechos, como un respaldo institucional para los magistrados cuestionados.
El pronunciamiento, presentado en el Congreso Nacional de Jueces, denuncia presuntas interferencias externas y advierte sobre riesgos a la independencia del sistema judicial. Sin embargo, la declaración evita cualquier referencia a la medida cautelar del Tribunal Constitucional que la sala de Oswaldo Ordóñez decidió no acatar. Ese silencio se ha convertido en el principal indicador de que el Poder Judicial no está dispuesto a retroceder en su postura.
La controversia se concentra en un punto fundamental: las decisiones del Tribunal Constitucional deben cumplirse sin excepción. Aun así, la judicatura insiste en construir un discurso que presenta todo control constitucional como una amenaza a su autonomía.
Esta posición ha incrementado la tensión institucional y complica la capacidad del TC para hacer valer su mandato en el caso Unidad Popular.
El texto aprobado en Tacna incorpora también exigencias presupuestales y reclamos sobre reformas judiciales, lo que da a la declaración un carácter político adicional. Los jueces piden que su presupuesto para el 2026 sea aprobado sin modificaciones y que cualquier reforma normativa mantenga intacto el protagonismo del Poder Judicial. La coincidencia temporal con el conflicto suscitado por el desacato no ha pasado desapercibida.
La falta de referencia explícita al incumplimiento de la medida cautelar del TC evidencia un cierre de filas interno. Lejos de reconocer el problema, la judicatura evita abordar el choque directo con el máximo intérprete de la Constitución. Esta omisión refuerza el enfrentamiento y aleja cualquier escenario de distensión institucional. El conflicto, que empezó con un desacato, ahora avanza hacia un escenario de confrontación más amplia. Con la Declaración de Tacna, el Poder Judicial se posiciona colectivamente en medio del debate, mientras el Tribunal Constitucional evalúa los mecanismos para hacer cumplir sus resoluciones. El país queda así frente a un choque frontal entre dos poderes que reclaman autoridad sobre el mismo proceso.
Sigue la bronca
El pronunciamiento nacional desde Tacna consolidó una postura dentro del Poder Judicial. Aunque se presenta como una “defensa institucional”, la declaración evita referirse al desacato de la Primera Sala Constitucional y mantiene sin cuestionamiento la decisión que originó el conflicto con el TC.
Esta omisión confirma que el enfrentamiento no se resolverá pronto. Mientras el Tribunal Constitucional analiza cómo hacer cumplir su medida cautelar, el Poder Judicial mantiene una posición cerrada. El choque institucional sigue abierto y condiciona la estabilidad del sistema constitucional.
