El Ministerio Público presentó su pedido de condena contra el expresidente y cuatro exfuncionarios por los hechos del 7 de diciembre de 2022. Castillo rechazó las acusaciones y cuestionó la falta de pruebas.
El Ministerio Público pidió 34 años de prisión efectiva para el expresidente Pedro Castillo Terrones durante la última audiencia del juicio oral que enfrenta. La solicitud incluye tres delitos: rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La fiscalía planteó también una pena alternativa de 19 años y 30 días de cárcel si la Sala Penal decide adecuar la acusación al delito de conspiración.
El pedido principal y la alternativa
La pena de 34 años se descompone en 25 años por rebelión, 3 años por abuso de autoridad y 6 años por grave perturbación de la tranquilidad pública. Si el tribunal opta por conspiración, la pena sería de 19 años y 30 días. Esta se distribuiría en 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración, 10 meses y 15 días por abuso de autoridad y 6 años y 9 meses por grave perturbación.
Condenas para otros cuatro acusados
Betssy Chávez Chino, Aníbal Torres Vásquez, Manuel Lozada Morales y Justo Jesús Venero Mellado enfrentarían 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración. El fiscal argumentó que actuaron con circunstancia cualificada agravante según el artículo 46-A del Código Penal por haber ejercido funciones públicas de alto nivel. La determinación de las penas sigue los parámetros del Acuerdo Plenario 1-2023 de la Corte Suprema.
Castillo niega las acusaciones
El expresidente rechazó las imputaciones y cuestionó la ausencia de pruebas materiales. «Ya vamos a llegar a 80 sesiones sin que el fiscal me diga dónde están las armas», expresó ante el tribunal.
Castillo insistió en su inocencia y vinculó su caso con la percepción ciudadana sobre las instituciones. Afirmó: «Quiero dejar constancia que nunca cometí el delito de rebelión ni conspiración y nunca hice abuso de autoridad porque después de la vacancia yo no era autoridad. ¿En qué país estamos? Por eso es que el 90% del pueblo dice que no tiene confianza en el Poder Judicial y el 2% o 3% tiene el Congreso de la República».
