La concesionaria había retomado el cobro tras apelar una sentencia que lo prohibía, pero el tribunal ratificó la suspensión bajo amenaza de multas
El Poder Judicial ordenó a Rutas de Lima suspender de inmediato el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra. La medida incluye el apercibimiento de aplicar multas consecutivas si la concesionaria no cumple la orden. Esta decisión llega después de que la empresa reiniciara el cobro en el tramo sur de la Panamericana, argumentando que la apelación de una sentencia suspende sus efectos hasta que se resuelva definitivamente.
La estrategia legal de Rutas de Lima
La concesionaria había suspendido el cobro tras una primera sentencia judicial que ordenaba la paralización del pago de tarifas. Sin embargo, días después apeló la resolución y reanudó el cobro de peajes. La empresa justificó su decisión invocando el principio legal que establece que una sentencia apelada pierde efectos hasta que se emita un fallo definitivo.
En un comunicado, Rutas de Lima calificó la decisión judicial inicial como arbitraria. La empresa señaló que suspendió el cobro el mismo día que recibió la notificación, «en resguardo de la seguridad de sus trabajadores y usuarios» mientras evaluaba sus opciones legales. Esta estrategia le permitió retomar temporalmente el cobro antes de que el Poder Judicial ratificara la orden de suspensión.
Municipalidad de Lima denuncia vulneración de derechos
La Municipalidad Metropolitana de Lima había criticado duramente la decisión de Rutas de Lima de retomar el cobro. El gobierno local afirmó que la concesionaria vulneraba derechos fundamentales al persistir en sus acciones en lugar de corregirlas. La comuna calificó la situación como inaceptable.
La municipalidad anunció que interpondría acciones legales correspondientes ante lo que denominó «un nuevo atropello». En su comunicado, la institución subrayó su respeto por los fallos judiciales y la inversión privada justa y honesta, dejando implícito que considera que Rutas de Lima no cumple con estos parámetros. Ahora, con la nueva orden judicial y la amenaza de multas, la concesionaria deberá acatar la suspensión del cobro mientras se resuelve el proceso.
