El presidente José Jerí anunciará esta semana un paquete normativo al Congreso que busca atacar la delincuencia y destrabar la economía. El mandatario promete un enfoque distinto al de gobiernos anteriores y convoca al sector privado a definir las propuestas.
El presidente José Jerí presentará esta semana al Congreso una solicitud de facultades legislativas para legislar en materia de seguridad ciudadana y reactivación económica. El mandatario prometió «resultados más concretos y sostenibles» con un enfoque que se apartará de las gestiones previas. La propuesta llegará al Parlamento después de recoger aportes de los gremios empresariales y los ministerios del Ejecutivo.
Inversión sin trabas
Jerí expuso sus planes durante un encuentro con representantes de los principales gremios empresariales del país. El presidente anunció que su gobierno incorporará las propuestas del sector privado antes de ultimar el contenido del pedido. La meta es crear un marco legal que impulse la inversión y elimine obstáculos burocráticos sin descuidar la lucha contra la delincuencia.
«El Estado debe facilitar y no obstaculizar. Queremos acelerar procesos, fomentar una inversión responsable y, al mismo tiempo, garantizar que los peruanos se sientan seguros», señaló el jefe de Estado. Jerí aseguró que las intervenciones en curso ya muestran señales alentadoras.
Estados de emergencia reformulados
El mandatario adelantó que los nuevos estados de emergencia se aplicarán bajo un formato «diferente». La intención es responder con mayor efectividad a la ola de violencia que golpea varias regiones del país. Jerí pidió paciencia a la población y reafirmó que su administración tiene «la convicción y la entrega necesarias para devolver la tranquilidad» al país.
El presidente también insistió en sentar bases sólidas para el futuro. «Tenemos que dejar la cancha ordenada para el próximo gobierno», expresó.
Los equipos técnicos de los gremios empresariales trabajarán junto con los ministerios para afinar el documento final. El gobierno apuesta por un consenso entre el sector público, el privado y las fuerzas parlamentarias para asegurar la aprobación del paquete normativo.
