Carmen Velarde tendrá un plazo de 10 hábiles para presentar sus descargos. La denuncia de filtración de datos ocurre en medio de una grave crisis de inseguridad ciudadana
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) encabezada por Gino Ríos, inició un proceso preliminar contra Carmen Velarde, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), tras la difusión de información sensible contenida en el padrón electoral inicial publicado en la plataforma virtual de la institución.
El caso se refiere a la publicación no controlada de datos personales de millones de ciudadanos peruanos, lo que generó preocupación pública por la protección de información reservada y la seguridad del sistema electoral. La JNJ evalúa si existió una falta grave en la gestión de esta información por parte de la titular del Reniec.
De formalizarse, la investigación podría concluir en la destitución de Carmen Velarde en caso de que se confirme la existencia de una falta grave relacionada con la exposición indebida de los datos.
La JNJ aún no ha establecido plazos para la conclusión de este proceso, que se desarrolla en paralelo a la supervisión de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y las acciones de la Contraloría General de la República, la cual anunció una investigación de oficio.
Según informó la entidad fiscalizadora, el miércoles por la noche notificó oficialmente a la titular del organismo sobre la diligencia de oficio para que otorgue las facilidades del caso durante el proceso de recopilación de información.
Datos de la ciudadania a la merced
El caso tomó relevancia nacional tras las denuncias sobre el acceso no restringido a datos sensibles mediante la plataforma online de Reniec. Diversos usuarios comprobaron que, al ingresar el número de DNI y el código de verificación, no solo se accedía a la información personal propia, sino también a la de otros ciudadanos registrados en la misma página del padrón inicial. Entre los afectados se encuentran altos funcionarios, incluido el presidente del Congreso, José Jerí, cuyos datos aparecen junto con los de parlamentarios en ejercicio.
Según la autoridad electoral, el procedimiento se rige por lo estipulado en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), artículos 198 y 203, que exige la publicación temporal para facilitar la verificación y subsanación de datos por parte de los ciudadanos habilitados para votar. Sin embargo, la ANPD, advirtió que aunque el padrón electoral es público según el artículo 197 de la LOE, existe una prohibición expresa sobre la divulgación de domicilios y huellas dactilares.
