El alcalde Ronald Vera anunció sanciones contra Torontoy y Consettur por no respetar el acuerdo supervisado por la PCM. Advierte que incautará vehículos si persiste el desacato
El caos en el transporte turístico hacia Machu Picchu continúa. La Municipalidad Provincial de Urubamba fiscalizará de inmediato a San Antonio de Torontoy y Consettur por incumplir el plan de transición acordado con la Presidencia del Consejo de Ministros. El alcalde Ronald Vera advirtió que aplicará sanciones severas, incluyendo el decomiso de unidades, si ambas empresas no acatan las disposiciones establecidas.
Torontoy no completa su flota y Consettur se niega a reducir operaciones
El plan de contingencia debía iniciar el lunes 20 de octubre con una operación compartida al 50% entre ambas empresas. Sin embargo, San Antonio de Torontoy solo logró traer cuatro de los nueve buses comprometidos para la ruta Hiram Bingham, que conecta Machupicchu Pueblo con la ciudadela inca. Esta falta de cumplimiento impidió el inicio del servicio compartido previsto.
Mientras tanto, Consettur mantiene activa su flota completa de 18 buses, pese a que el plan exige reducirla a la mitad. Esta situación genera una saturación crítica en la vía, ya que actualmente circulan más de 24 unidades, superando el límite permitido. Los otros seis buses corresponden a Tramusa, la empresa municipal de transportes turísticos.
«Si San Antonio de Torontoy no inicia el servicio, se aplicarán las penalidades correspondientes. Y si Consettur sigue operando sin cumplir las disposiciones, se procederá a la incautación de sus vehículos», declaró Vera con firmeza.
Licitación en curso y denuncias ante la Fiscalía
El proceso de licitación del nuevo servicio turístico ya está publicado y en evaluación técnica. El alcalde espera recibir esta semana el informe de compatibilidad del Sernanp para presentarlo a la Unidad de Gestión de Machu Picchu. Estima culminar el proceso entre diciembre y enero.
Vera recordó que Consettur ya no tiene título habilitante para operar, mientras la adjudicación de Torontoy está bajo revisión de la Contraloría. Ambas empresas firmaron un acta ante la PCM comprometiéndose a una transición pacífica.
La municipalidad ya instaló una oficina de venta de boletos con software operativo, lista para funcionar cuando Torontoy comience sus operaciones. Además, notificó al Ministerio Público por presunta obstrucción del proceso de fiscalización y enriquecimiento ilícito detectado en inspecciones. «No podemos seguir postergando este proceso. Si Consettur no cumple, actuaremos conforme a ley», concluyó Vera.
