Cadena perpetua de Osmán Morote se mantiene tras tribunal desestimar pedido de libertad por falta de fundamentos jurídicos válidos y razones humanitarias acreditadas
El Poder Judicial rechazó la solicitud de libertad de Osmán Roberto Morote Barrionuevo, líder de Sendero Luminoso condenado a cadena perpetua por el atentado terrorista en la calle Tarata. La Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria determinó que la defensa del sentenciado no acreditó razones humanitarias ni fundamentos jurídicos suficientes, pese a argumentar deterioro de salud y condiciones inhumanas de reclusión. Morote continuará cumpliendo su condena por su responsabilidad como autor mediato en el ataque que ocurrió el 16 de julio de 1992 en Miraflores.
La solicitud y su rechazo
La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada desestimó el pedido de excarcelación del cabecilla senderista, según informó la Procuraduría General del Estado. Los abogados de Morote invocaron el artículo 22 del Código Penal, reformado mediante la Ley N.º 32181, y sostuvieron que su defendido enfrenta un deterioro de salud y condiciones inhumanas de reclusión.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo y el Ministerio Público presentaron oposición al pedido de liberación. El tribunal concluyó que la defensa no demostró la existencia de razones humanitarias suficientemente justificadas. Los magistrados también determinaron que los argumentos jurídicos presentados no constituían fundamentos válidos para exceptuar el cumplimiento de la condena.
El atentado de Tarata
La condena de cadena perpetua que purga Morote Barrionuevo corresponde a su rol como autor mediato en aparato organizado de poder. El tribunal lo sentenció por el atentado terrorista del 16 de julio de 1992 en la calle Tarata, distrito de Miraflores. Sendero Luminoso ejecutó en ese lugar uno de sus ataques más graves contra civiles.
La resolución judicial confirma que el cabecilla terrorista no podrá acceder a liberación anticipada y deberá completar su sentencia. Los magistrados sostienen la condena original que establece su responsabilidad directa en uno de los episodios más violentos del conflicto armado interno.
Posición del Estado
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo ratificó su compromiso con la defensa jurídica del Estado y de las víctimas afectadas por el terrorismo. La entidad garantizó que vigilará el cumplimiento de las sentencias impuestas a los responsables de estos delitos conforme a la normativa vigente.
El organismo subrayó que esta labor de supervisión busca preservar el Estado de Derecho. La resolución del tribunal constituye un pronunciamiento institucional sobre cómo se aplican las normas penales en delitos de terrorismo. También marca los límites de las excepciones humanitarias cuando se trata de condenas de esta naturaleza.
