La Sala de Apelaciones de Lima ordena transferir más de S/ 1.6 millones de las cuentas de Vladimir Cerrón líder de Perú Libre al Estado, confirmando una sentencia cuestionada por aplicación retroactiva de la ley
La Sala de Apelaciones Permanente Especializada en Extinción de Dominio de Lima ordenó transferir más de un millón 600 mil soles de dos cuentas bancarias de Vladimir Cerrón Rojas al Estado, a través del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi). La decisión ratifica una sentencia de primera instancia emitida el pasado 5 de mayo por el Primer Juzgado Permanente de Extinción de Dominio.
El colegiado, integrado por los jueces Víctor Valladolid Zeta (presidente), Flor Acero Ramos y Eduardo Torres Vera, declaró infundado el recurso de apelación presentado por el prófugo Cerrón Rojas. La resolución se adoptó por unanimidad, según informó el Poder Judicial este 22 de octubre.
Dinero de 20 años de trabajo profesional confiscado
Vladimir Cerrón denunció el fallo como «franco abuso judicial». El fundador de Perú Libre señaló que la sala ordena extinguir «mis sueldos de médico en EsSalud, gobernador regional en GRJ y docente universitario en la UNCP, de 20 años de trabajo, debidamente acreditados».
El político agregó que la ley no puede aplicarse retroactivamente y que tampoco tiene sentencia penal. «Violándose la ley y la jurisprudencia del TC flagrantemente», escribió en sus redes sociales. Cerrón anunció que apelará la decisión ante instancias superiores.
El control difuso como herramienta de prevaricación
Esta resolución expone cómo los jueces utilizan figuras legales para burlar el ordenamiento jurídico. La extinción de dominio requiere demostrar origen ilícito de los bienes. Sin embargo, Cerrón acreditó que ese dinero proviene de salarios legítimos acumulados durante dos décadas de ejercicio profesional.
La confiscación de bienes sin desbalance patrimonial ni sentencia penal firme constituye una violación al debido proceso. Los magistrados aplican selectivamente la ley bajo el pretexto del «control difuso», figura diseñada para proteger derechos constitucionales, no para vulnerarlos.
Persecución política disfrazada de justicia
El caso evidencia la utilización del aparato judicial contra adversarios políticos. Cerrón permanece en la clandestinidad mientras el sistema judicial congela y confisca su patrimonio legítimo. Los jueces prevaricadores actúan con impunidad, amparados en interpretaciones acomodaticias de la normativa.
La extinción de dominio se convierte así en un instrumento de despojo cuando los magistrados deciden ignorar las garantías constitucionales. La decisión unánime de la sala demuestra la coordinación institucional para perseguir políticamente al líder de Perú Libre, independientemente de las pruebas que acrediten el origen lícito de sus recursos económicos.
