El gobierno suspende derechos constitucionales y establece controles militares para enfrentar la ola de criminalidad que azota la capital
El Ejecutivo declaró el estado de emergencia en Lima y Callao mediante el Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM. La medida responde al incremento alarmante de homicidios, sicariato y extorsiones que han alterado gravemente el orden interno. La Policía mantiene el mando del operativo con apoyo de las Fuerzas Armadas, mientras se suspenden temporalmente la libertad de tránsito y la inviolabilidad del domicilio.
Operativos de identidad en la calle
Los ciudadanos peruanos deben portar su DNI de manera obligatoria. Las fuerzas combinadas realizarán controles de identidad durante operativos de búsqueda de requisitoriados y podrán ingresar a inmuebles con descerraje si lo consideran necesario. Los extranjeros necesitan mostrar su carnet de extranjería, permiso temporal o pasaporte.
El Reniec y varias municipalidades facilitan la obtención del DNI digital sin costo. Esta campaña busca que todos los ciudadanos tengan su documento actualizado durante la emergencia.
Control territorial y patrullaje conjunto
La Policía, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal conforman las fuerzas combinadas. Estas instalan comandos temporales en zonas críticas y resguardan instituciones públicas. Los patrullajes a pie se intensifican en paraderos, estaciones del metro y lugares estratégicos.
Los operativos masivos apuntan al decomiso de armas, municiones y explosivos ilegales. La norma prioriza la presencia permanente en áreas donde la criminalidad concentra sus actividades.
*Golpe al financiamiento criminal*
El decreto ataca directamente las fuentes de recursos del crimen organizado. Los operativos fiscalizan la venta informal de chips telefónicos y celulares de procedencia dudosa. Las líneas vinculadas a extorsiones o secuestros se suspenden de inmediato.
El Comité de Fiscalización interviene el mercado ilegal de autopartes y controla los insumos químicos para producir drogas. La norma prohíbe que dos adultos circulen en motos lineales categoría L3.
Restricciones carcelarias extremas
Las cárceles enfrentan cambios drásticos para cortar el control criminal desde los penales. Las visitas se reducen a una semanal o quincenal, permitiendo solo familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Las celdas quedan sin electricidad en los enchufes. Solo funciona la iluminación básica. El Sistema de Inteligencia Nacional aplica pruebas de polígrafo al personal del INPE y funcionarios designados por el CONASEC.
Eventos públicos bajo evaluación
Conciertos, procesiones y actividades deportivas requieren permiso previo de las autoridades competentes. El derecho de reunión queda suspendido temporalmente. Las protestas y manifestaciones entran en zona gris: aunque la norma no las menciona explícitamente, califican como actividades públicas masivas que necesitarían autorización según la lógica del decreto.
