El expresidente busca su libertad argumentando que el Poder Judicial no podrá mantener su caso activo mientras libera a la lideresa de Fuerza Popular
El expresidente Ollanta Humala anunció que buscará su libertad luego de que el Tribunal Constitucional ordenara el archivamiento del caso contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos. Humala, condenado a 15 años de prisión por financiar irregularmente sus campañas con fondos de Venezuela y Odebrecht, afirmó que el precedente confirma su defensa de 19 años: los aportes de campaña no constituyen delito. El exmandatario advirtió que mantenerlo preso mientras se absuelve a Fujimori demostraría «ensañamiento» judicial en su contra.
El argumento de Humala
Humala publicó en su cuenta de X que el TC «ha confirmado lo que venimos defendiendo hace 19 años». Según el expresidente, «un presunto aporte de campaña no es delito». El exmandatario cuestionó por qué el tribunal no actuó antes. «No lo hizo antes porque no hay una voluntad de hacer justicia con nosotros», escribió.
El expresidente aseguró que sufre «acoso judicial» desde 2006. Consideró que ahora «será jurídicamente imposible que el Poder Judicial pueda liberar a Fuerza Popular y mantener activo nuestro caso». Humala cerró su mensaje advirtiendo: «Lo contrario, demostraría una vez más, el ensañamiento». Finalizó con: «Vamos a pelear por nuestra Libertad».
La condena y el fallo sobre Fujimori
El Poder Judicial condenó a Humala y su esposa Nadine Heredia a 15 años de prisión por lavado de activos. El tribunal determinó que las campañas de 2006 y 2011 del Partido Nacionalista recibieron fondos ilegales. En 2006 el dinero provino del gobierno de Hugo Chávez. En 2011 llegaron aportes de Odebrecht por alrededor de 3 millones de dólares.
Humala cumple su condena en la prisión de Barbadillo. Heredia obtuvo asilo en Brasil tras no acudir a la lectura de sentencia. El TC archivó este lunes el caso contra Fujimori por presunto lavado de activos ligado a sus campañas de 2011 y 2016. La resolución señaló que la acusación carecía de sustento jurídico. La defensa argumentó que antes de 2016 los aportes de campaña no eran considerados delito.
