Máximo intérprete de la Constitución declaró ilegal el juicio por lavado de activos y organización criminal. Caso queda sin efecto.
El Tribunal Constitucional del Perú ordenó archivar el proceso judicial contra Keiko Fujimori por el caso conocido como ‘Cócteles’. A través de una sentencia que acoge el habeas corpus presentado por su abogada, Giulliana Loza, el TC anuló todo lo actuado desde el inicio de las investigaciones, argumentando falta de sustento legal y vulneraciones al principio de legalidad penal.
Se cae uno de los casos emblemáticos de la Fiscalía
El caso investigaba el presunto ingreso de dinero irregular, principalmente de Odebrecht y otras constructoras brasileñas, a través de actividades como cenas de recaudación durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016. El Ministerio Público había solicitado una condena de más de 30 años de prisión contra la lideresa de Fuerza Popular por delitos como lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia.
El TC anuló las resoluciones del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria que habían rechazado las excepciones de naturaleza de acción planteadas por la defensa de Fujimori. También dejó sin efecto todos los actos procesales relacionados, incluyendo la acusación fiscal formal presentada en julio de 2025. En su fallo, ordenó al Décimo Juzgado revisar la situación jurídica de Fujimori “dentro del más breve término”.
Críticas al sustento legal de la acusación
El Tribunal cuestionó los fundamentos jurídicos del caso. Señaló que la figura de lavado de activos en la modalidad de “receptación patrimonial” fue creada recién en 2016, por lo que no podía aplicarse retroactivamente a hechos anteriores. “Imputar a Fujimori bajo esa figura jurídica, inexistente en ese momento, vulnera el principio constitucional de legalidad penal”, argumentó.
Además, la sentencia cuestiona la falta de precisión sobre el delito fuente que justificaría la ilicitud de los fondos y advierte que no se ha probado que el dinero haya retornado a sus orígenes, debilitando la tesis fiscal.
El riesgo de criminalizar la política
Respecto al cargo de organización criminal, el TC afirmó que se ha desnaturalizado el tipo penal. Aclaró que participar colectivamente en procesos electorales no implica, por sí mismo, una conducta delictiva. Añadió que no se ha demostrado dolo ni intencionalidad criminal.
El fallo alerta sobre el peligro de usar el derecho penal como herramienta política. Advierte que este tipo de imputaciones puede derivar en una “criminalización excesiva de la política”, fenómeno conocido como lawfare.
Desde sus redes sociales, la abogada de Fujimori celebró la decisión. “Se reconoció que fue investigada por hechos que no eran delito, vulnerando el principio de legalidad”, escribió Loza en su cuenta de X.
