La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada ejecutó detenciones simultáneas en tres regiones. La banda operaba en sicariato, robo agravado y narcotráfico con participación de efectivos en servicio
La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de San Martín detuvo a 19 presuntos integrantes de una organización criminal que incluye a policías en actividad. El operativo se realizó de forma simultánea en varias ciudades y centros penitenciarios de Iquitos, San Martín y Amazonas. La Policía Nacional respaldó la intervención.
Las investigaciones preliminares señalan que la banda se dedicaba al sicariato, robo agravado, tráfico ilícito de drogas y uso indebido de armas de fuego. La presencia de efectivos policiales activos en la estructura criminal evidencia el nivel de infiltración delictiva en instituciones del Estado. Esta situación representa un problema estructural que compromete la seguridad ciudadana en la región.
Operación coordinada en tres regiones
El megaoperativo abarcó territorio en tres departamentos de la selva peruana. Las autoridades ejecutaron las detenciones en espacios públicos y al interior de penales. Esta estrategia buscaba capturar a todos los miembros de la red de manera simultánea. Así se evitó que los sospechosos pudieran alertarse entre sí o destruir evidencia.
La coordinación entre la Fiscalía Especializada y la Policía Nacional fue clave para el éxito de la operación. El despliegue de recursos humanos y logísticos permitió intervenir en múltiples puntos al mismo tiempo. Las fuerzas del orden movilizaron equipos especializados para neutralizar cualquier resistencia.
Investigación en curso
Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, confirmó las capturas. «Esta organización criminal ha cometido una serie de delitos que van a ser materia de investigación», declaró. Su intervención pública subraya la gravedad de los crímenes atribuidos a la banda.
Los detenidos serán trasladados a dependencias especializadas para continuar con las diligencias. Las autoridades trabajarán para determinar el grado de participación de cada implicado en los delitos. El proceso judicial buscará establecer responsabilidades individuales y desarticular completamente la estructura criminal.
La presencia de policías dentro de esta red plantea interrogantes sobre los mecanismos de control interno en las fuerzas del orden. Los próximos meses serán cruciales para esclarecer cómo operaba esta organización y qué vínculos mantenía con otras estructuras delictivas en la región amazónica.
