Crece la sospecha de que la minera de propiedad de la familia Arias estaría financiando y proveyendo material explosivo a redes ilegales, mientras se victimiza ante la opinión pública.
El corazón minero de la provincia de Pataz, en La Libertad, vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez no solo por la violencia que sacude a la zona, sino
por los crecientes rumores y denuncias que apuntan hacia un actor inesperado: la propia Minera Poderosa.
De acuerdo con versiones recogidas en la zona, la empresa que durante años se ha presentado como la principal víctima de la minería ilegal, podría estar en realidad operando al margen de la ley, auspiciando, financiando e incluso proveyendo de explosivos a redes de mineros ilegales. De confirmarse, estaríamos ante un giro escandaloso en un conflicto que ha dejado decenas de muertos, desplazamientos y un clima de miedo permanente.
EL MERCADO NEGRO
DE EXPLOSIVOS
Desde 2024, el mercado negro de explosivos y armas de fuego se ha consolidado como el gran motor detrás del conflicto minero en Pataz.
Se habla de la circulación de emulsiones, ANFO artesanal y armas de corto y largo alcance que no solo abastecen campamentos mineros ilegales, sino que han comenzado a extenderse a zonas urbanas como Trujillo.
El ataque del 4 de setiembre de 2025 en la urbanización Las Quintanas, donde la detonación de explosivos dejó once heridos y varias viviendas destruidas, es el ejemplo más dramático de cómo la violencia minera ha trascendido las montañas para tocar el corazón de la ciudad.
Lo llamativo es que buena parte de ese material, según versiones locales, tendría como origen a empresas con acceso legal y formal a los explosivos. Entre ellas, se menciona insistentemente a la Minera Poderosa, cuya infraestructura y capacidad logística la convertirían en un proveedor encubierto difícil de rastrear.
UNA CUARTADA
PERFECTA
A lo largo de los últimos años, Poderosa se ha mostrado ante la opinión pública como una víctima de la minería ilegal, denunciando secuestros, extorsiones y atentados contra su personal y su propiedad. Sin embargo, esta narrativa podría estar funcionando como una cuartada perfecta.
Diversas investigaciones periodistas entre otras fuentes de información, sugieren que mientras la empresa se presenta como blanco de ataques, podría estar al mismo tiempo alimentando las redes ilegales con los mismos explosivos que luego sirven de argumento para criminalizar a otros actores, en
especial a los mineros ancestrales y artesanales en vías de formalización.
Estos últimos, pese a estar inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y cumplir con procesos legales, son acusados con frecuencia de delitos graves como terrorismo, extorsión o uso indebido de explosivos.
LOS MÁS GOLPEADOS
SON LOS MINEROS
ANCESTRALES
En medio de esta guerra de versiones y sospechas, quienes terminan en el punto más débil son los mineros ancestrales y artesanales. A ellos se les persigue con dureza, se les niega el acceso a concesiones históricas y se les acusa de actividades criminales sin pruebas contundentes. Paradójicamente, son justamente estos pequeños mineros los que carecen de recursos para acceder a explosivos industriales y dependen, en muchos casos, de procesos de formalización que se vuelven cada vez más restrictivos.
La sombra que ahora recae sobre Poderosa plantea un escenario de gran injusticia: mientras los verdaderos responsables del tráfico de explosivos seguirían en la impunidad, se intensifica la persecución contra quienes buscan legalizar su actividad.
UN ESTADO
SIN CONTROL
El Estado, por su parte, aparece debilitado. Las autoridades han perdido capacidad de control sobre el uso y la fiscalización de explosivos, permitiendo que este insumo de alto riesgo circule por vías paralelas sin mayor regulación.
La pregunta que muchos se hacen en Pataz es inevitable: ¿cómo puede ser que toneladas de explosivos terminen en manos de bandas criminales sin la complicidad o, al menos, la negligencia de las empresas que tienen permisos para adquirirlos?
Si el Estado no tiene respuestas claras, las sospechas seguirán creciendo y la desconfianza se convertirá en el combustible que alimente el conflicto.
UN LLAMADO URGENTE
A INVESTIGAR
Las denuncias que apuntan a la Minera Poderosa no pueden ser tomadas a la ligera. En un contexto donde la violencia se ha desbordado hacia las ciudades, con atentados que ya afectan a la población civil, la investigación sobre el verdadero origen de los explosivos es una necesidad de seguridad nacional.
Las autoridades judiciales, policiales y políticas deben pronunciarse. No se trata solo de esclarecer un delito de tráfico de explosivos, sino de desarticular un esquema que podría estar sosteniendo a organizaciones criminales disfrazadas de actores formales.
La historia de la minería en Pataz se cuenta siempre en clave de conflicto: mineros formales contra ilegales, empresas contra organizaciones criminales, Estado contra caos. Pero, si las versiones sobre Minera Poderosa se confirman, la realidad sería mucho más oscura: la minera más poderosa de la región estaría jugando en los dos bandos.
El reloj corre, y mientras tanto la violencia crece. El llamado es claro en que el
Perú no puede seguir mirando hacia otro lado. Las autoridades deben investigar, pronunciarse y actuar. Porque detrás de cada explosión no solo hay
pólvora, hay intereses, hay poder y, sobre todo, hay vidas que no pueden seguir siendo moneda de cambio.
