Premier Ernesto Álvarez anuncia medida luego de las manifestaciones del 15 de octubre. La decisión suspende derechos constitucionales como la libertad de reunión y tránsito.
El primer ministro Ernesto Álvarez anunció que Lima será declarada en estado de emergencia tras las protestas del 15 de octubre contra el gobierno de José Jerí y el Congreso. La manifestación dejó 120 heridos y un fallecido, Eduardo Ruiz Sanz.
El gabinete permanecerá en sesión permanente para coordinar las medidas. La declaratoria suspende el ejercicio de derechos constitucionales como la libertad de reunión, tránsito, inviolabilidad del domicilio y seguridad personal, lo que abre la puerta a detenciones arbitrarias.
Medidas concretas en las próximas horas
Durante la conferencia de prensa, Álvarez adelantó que el gobierno trabaja en un paquete completo de disposiciones específicas. «La declaratoria de emergencia no puede resultar en más de lo mismo. No puede ser una medida gaseosa que no conduzca a nada en especial. Por eso no la hemos hecho hasta ahora. Estos días vamos a trabajar para que haya un paquete completo de medidas concretas. Las vamos a anunciar para que cada uno pueda discutirlas y se anunciaran en las próximas horas», declaró el premier.
El gobierno busca evitar que la medida quede solo en el papel. La autoridad insistió en que las acciones deben tener efectividad demostrable y ser sometidas a discusión pública.
Toque de queda no descartado
Álvarez no descartó la imposición de un toque de queda, aunque condicionó su aplicación a un análisis técnico. «No lo descarto, pero tendría que demostrarse, por parte del especialista que lo proponga, cuál es su efectividad real, considerando que la criminalidad ya no responde a la nocturnidad que, según la criminología, era propia de los delincuentes más avezados», apuntó el primer ministro.
La referencia del premier mezcla la situación de protesta social con la criminalidad común. Esta confusión resulta problemática al equiparar manifestaciones ciudadanas con delincuencia.
Suspensión de derechos constitucionales
El estado de emergencia implica la suspensión temporal de garantías fundamentales. Los ciudadanos pierden la protección contra detenciones sin orden judicial. Las fuerzas del orden pueden ingresar a domicilios sin mandato. Las reuniones y el tránsito libre quedan restringidos.
La medida permite acciones que en condiciones normales violarían los derechos humanos. Las detenciones arbitrarias se vuelven legales bajo este marco. La historia reciente del país muestra que estos estados de excepción se utilizan para reprimir la protesta social legítima más que para resolver conflictos de fondo.
