El Pleno del Congreso aprobó acusar a la excongresista y exministra Betssy Chávez por negociación incompatible, aprovechamiento de cargo y tráfico de influencias agravado durante su gestión en el gobierno de Pedro Castillo
El Congreso de la República aprobó este martes levantar la inmunidad de Betssy Chávez para que enfrente un proceso penal. La acusan de tres delitos: negociación incompatible, aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravado. Los hechos ocurrieron cuando era congresista, ministra de Trabajo y ministra de Cultura en el gobierno de Pedro Castillo. Ahora el Ministerio Público y el Poder Judicial pueden continuar las investigaciones y procesar judicialmente a la exfuncionaria.
La denuncia de la Fiscalía
La fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, presentó la denuncia constitucional contra Chávez el 10 de abril de 2023. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la admitió un mes después, el 9 de mayo. El procedimiento siguió lo establecido en el artículo 89 del Reglamento del Congreso.
El proceso incluyó varias etapas de investigación, descargos de la defensa y audiencias. El informe final se aprobó el 16 de octubre de 2024. La subcomisión recomendó proceder con la acusación constitucional.
Las tres acusaciones
La expremier enfrenta cargos por negociación incompatible durante su periodo como congresista. El Congreso señala que contrató a Marco Antonio Sotelo Villa y Flor de María Jezabel Sotelo Villa en su despacho. Presuntamente estas contrataciones respondieron a vínculos personales con Abel Sotelo Villa.
La segunda acusación es por aprovechamiento indebido de cargo como ministra de Trabajo. Chávez habría participado directamente en la contratación de Marco Sotelo Villa en Essalud Tacna. También habría intervenido en la contratación de Antonio Riquelme Sotelo Calderón en SUNAFIL y SENATI.
Presión sobre otros ministros
El tercer delito que se le imputa es tráfico de influencias agravado. La acusación sostiene que intervino en la designación de Riquelme Sotelo Calderón como jefe zonal de COFOPRI Tacna. Presuntamente ejerció presión ante los ministros Geiner Alvarado y César Paniagua para conseguir este nombramiento.
El Congreso afirmó que el procedimiento respetó las garantías del debido proceso. Esto incluye el derecho a la defensa, contradicción y decisión imparcial. Todo conforme a la Constitución y el Reglamento del Congreso, según el comunicado oficial.
La resolución legislativa levanta el fuero que protegía a Chávez como exfuncionaria. El Poder Judicial podrá ahora determinar si existe responsabilidad penal. Los delitos están tipificados en los artículos 399 y 400 del Código Penal. Chávez fue una de las principales figuras del gobierno de Castillo, derrocado en diciembre de 2022 tras un intento de golpe de Estado.
