Policía destapó presunta mafia de licencias: cobraban hasta 4 mil soles a empresarios para acelerar trámites en la municipalidad. Sospechosa había acusado antes a la alcaldesa por corrupción.
El amor y la casa no era lo único que compartían, sino también el dinero de los emprendedores de Barranco. De acuerdo con las investigaciones, la regidora municipal Fiorella Muñoz Zevallos y su pareja Bruno Padilla Solórzano negociaban la entrega de licencias de funcionamiento y permisos de Defensa Civil a cambio de unos miles de soles. Por esta razón, la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional detuvo a la funcionaria pública este lunes, casi una semana después de haber intervenido a su novio en pleno ‘cobro’ a un empresario.
El poder político al servicio del dinero fácil
Según la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), Padilla fue sorprendido en flagrancia cuando recibía 4 mil soles de un emprendedor que buscaba poner en marcha su negocio.El operativo se realizó luego de que el propio empresario denunciara la extorsión y colaborara en el plan policial para atrapar al sospechoso.
El caso se remonta al 26 de agosto, día en que agentes policiales intervinieron a Zolorsano Padilla luego de que un empresario formalizara una denuncia en la comisaría local. El denunciante reportó que el detenido le exigió S/ 4,000 como condición para conseguirle los permisos necesarios para abrir un negocio en Barranco. En el momento de la intervención, la policía le incautó efectivo y una tarjeta de presentación perteneciente a Muñoz Zeballos.
La posesión de dicha tarjeta resultó clave para que las autoridades iniciaran un proceso de investigación contra la regidora. La sospecha se centró en la posibilidad de que se estuviera utilizando su cargo público para influir en la expedición de licencias municipales. Con el avance de las diligencias, la Policía Nacional formalizó la detención de la regidora el lunes 1 de septiembre, relacionando ambos hechos como parte de un presunto esquema de corrupción dentro del municipio.
El empresario cuyo nombre extrañamente se mantiene en el anonimato indicó ante las autoridades que Padilla, quien no es funcionario de la comuna, aseguraba tener contactos dentro de la municipalidad de Barranco, lo que supuestamente le permitiría agilizar los trámites de forma irregular. Esta promesa de gestión exprés a cambio de dinero encendió las alarmas de la DIRCOCOR, que desplegó un operativo encubierto para verificar la veracidad de los hechos.
El despliegue policial permitió capturar a Padilla Solórzano en el momento exacto en que intentaba cerrar el acuerdo económico con el denunciante, confirmando así la comisión en flagrancia del presunto delito. Durante la intervención, el detenido indicó su supuesta cercanía con funcionarios municipales y entre sus partencias se encontró una tarjeta de presentación perteneciente a Fiorella Muñoz Zevallos, actual regidora de la Municipalidad de Barranco y quien mantiene una relación sentimental con el investigado.
Los agentes registraron todos los elementos que sustentan la acusación y tomaron declaraciones en el lugar, mientras el material probatorio era incautado para continuar con las diligencias correspondientes.
El caso ha vuelto a poner en debate público la figura legal del tráfico de influencias, delito tipificado en el artículo 400° del Código Penal peruano. Esta norma establece sanciones para quienes, de manera real o simulada, aseguren tener influencia sobre funcionarios públicos con el objetivo de obtener beneficios indebidos, promesas, favores o pagos a cambio de gestionar actos relacionados con la función pública. La pena contemplada oscila entre cuatro y seis años de prisión, además de inhabilitación y una multa proporcional, en caso que se traten de funcionarios del Estado, que va desde 180 hasta 365 días-multa.
Municipalidad manchada por presuntos actos de corrupción
En paralelo, la comuna liderada por la alcaldesa Jessica Vargas enfrenta una serie de cuestionamientos no resueltos. Uno de los casos más notorios es el del contrato de grúas, en el que la Contraloría General de la República detectó diversas irregularidades administrativas, según lo revelado en un informe oficial.
Otro hecho que generó controversia fue el viaje de la alcaldesa a Punta Cana. Un segundo informe de la Contraloría concluyó que la invitación presentada por la autoridad edil para justificar dicho viaje era realmente apócrifa, y que la rendición de cuentas del mismo presentaba graves inconsistencias.
A ello se suma la denuncia contra el regidor Aldair Santa Cruz, acusado de presunto acoso hacia una joven. Pese a la gravedad de estas situaciones, la Municipalidad de Barranco se ha mantenido en silencio institucional, sin ofrecer explicaciones públicas ni mostrar intención de esclarecer estos hechos. Es decir, desde dentro la autoridad edil no pretende esclarecer las denuncias.
En medio de este grave contexto, la alcaldesa cuenta con el respaldo activo de un grupo de ciudadanos que, a través de redes sociales, promueven una imagen positiva de su gestión, pese a los escándalos que salpican a dicha municipalidad y evitan pronunciarse sobre las denuncias que la involucran.
Señalamientos de persecución política
Tras conocerse la detención de Muñoz Zeballos, familiares y allegados expresaron que la medida judicial responde a motivos políticos. Acusaron a la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, de haber orquestado una persecución en represalia a investigaciones realizadas por la regidora sobre presuntas irregularidades en la gestión municipal.
Una familiar directa afirmó: “Es una persecución política. Mi cuñada es fiscalizadora y ha estado revisando todo el tema acerca del viaje que hizo la alcaldesa a Punta Cana”, refiriéndose a un desplazamiento de Vargas a la República Dominicana realizado en 2024. Estas indagaciones, según los familiares, habría motivado la reacción de las autoridades municipales
La madre de Muñoz Zeballos también declaró que su hija acudió voluntariamente a prestar declaración y ahí mismo fue detenida, asegurando que todo el proceso responde a una injusticia vinculada a las denuncias contra la alcaldesa.
Respuestas y contexto institucional
Al momento de su detención, la regidora sostuvo ante los medios que era víctima de “persecución política” y defendió su inocencia. Durante su traslado por los agentes a la dependencia policial, reiteró varias veces que el proceso responde a una represalia derivada de sus acciones fiscalizadoras en el consejo municipal.
La gestión de permisos comerciales mediante el pago irregular de sobornos corresponde a una modalidad detectada en diversas municipalidades, fenómeno que ha sido objeto de seguimiento por parte de instancias como la Contraloría General. De confirmarse los hechos, el caso podría derivar en la ampliación de las investigaciones por otros presuntos delitos asociados a la función pública.
La tensión entre autoridades en Barranco suma un nuevo episodio, en medio de la polémica que rodea los viajes oficiales y el uso de documentos presuntamente irregulares en la administración local. El proceso contra la regidora y su entorno inmediato permanece bajo investigación mientras la Policía recopila nuevos elementos para el esclarecimiento de los hechos.
