Comuneros se enfrentan a la policía en defensa de su propiedad privada y exigen que la mina se retire de sus terrenos
Ministerio Público podría abrir investigación contra Antamina por estar haciendo minería en terrenos ajenos.
La tensión social en la sierra de Huari alcanzó un nuevo punto crítico este fin de semana, cuando comuneros de Huaripampa se levantaron contra la minera Antamina, acusándola de invadir terrenos comunales que les pertenecen desde tiempos ancestrales.
La respuesta de la comunidad fue contundente: un grupo de comuneros incendió maquinarias pesadas y provocó destrozos en un campamento de la minera ubicado en el distrito de San Marcos, como muestra de rechazo a lo
que consideran una apropiación indebida de sus tierras.
Testigos registraron en video las columnas de humo y los enfrentamientos con la Policía Nacional, que recurrió a gases lacrimógenos para dispersar
la protesta.
Los pobladores denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de la PNP y
afirmaron que varios comuneros resultaron heridos durante el operativo de desalojo. “Ellos entran con bombas y armas, mientras nosotros solo defendemos lo que nos pertenece. No somos delincuentes, somos dueños de estas tierras”, señalaron los dirigentes comunales.
El trasfondo del conflicto
El enfrentamiento se enmarca en una disputa territorial que arrastra meses. Antamina sostiene que adquirió las tierras mediante acuerdos de compra suscritos en 1998, pero los comuneros aseguran que la empresa ha extendido
sus operaciones mucho más allá de lo pactado, ocupando áreas que no le corresponden.
Desde el 15 de agosto, los pobladores mantienen su presencia en la zona como medida de presión y advierten que radicalizarán las protestas mientras el Gobierno no instale una verdadera mesa de negociación.
La versión de Antamina y la indignación comunal
En un comunicado, Antamina calificó la protesta como “ingreso indebido” a sus instalaciones y acusó a los comuneros de cometer delitos contra la propiedad privada. Sin embargo, para los pobladores, la empresa intenta ocultar que las tierras en cuestión son de dominio comunal y no pueden ser objeto de venta o despojo. “La Constitución protege nuestras tierras, pero aquí el Estado se
pone del lado de la minera y no de su pueblo”, reclamaron los manifestantes.
Estado ausente y complicidad empresarial
La Defensoría del Pueblo
de Áncash informó que coordina con el Ministerio de Energía y Minas para mediar en el conflicto, pero en Huaripampa la indignación es creciente. Los comuneros consideran que el Estado ha abandonado a las comunidades altoandinas y actúa como cómplice de las grandes empresas extractivas.
“Si no hacemos respetar nuestras tierras con nuestra propia fuerza, nadie lo hará por nosotros. Antamina debe retirarse de inmediato de los terrenos comunales”, concluyeron los dirigentes, dejando abierta la posibilidad de
nuevas acciones de protesta.
