Una red de poder y presunta corrupción, liderada por el fiscal superior Sebastián Pedro Ticona Flores, habría convertido el Distrito Fiscal de Ucayali en su feudo personal. A través de la manipulación del órgano de control interno, esta supuesta organización criminal protegería a sus allegados y perseguiría a sus enemigos, llegando al extremo de encubrir una cadena de negligencias que derivaron en el brutal asesinato de una joven madre.
En las entrañas del sistema judicial de Ucayali, una guerra silenciosa se desató a principios de 2020. No era una disputa entre cárteles de la droga, sino una lucha encarnizada por el control del Ministerio Público entre dos presuntas mafias que buscaban traficar con plazas de fiscales y asistentes.
De un lado, la red supuestamente encabezada por el entonces presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Jara Ramírez. Del otro, la organización que, según se alega, dirigía Sebastián Pedro Ticona Flores desde su estratégica posición como jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de Ucayali.
Mientras Jara Ramírez fue señalado por presuntamente vender plazas al mejor postor, Ticona Flores, descrito como más calculador, las habría distribuido entre amigos y allegados a cambio de lealtad y cuotas de poder. La batalla culminó con la caída de Ramírez, quien fue arrestado y posteriormente se suicidó en circunstancias que aún levantan sospechas.
Con su rival fuera de juego, Sebastián Ticona Flores habría consolidado un poder casi absoluto, amasando, según fuentes internas, un considerable patrimonio a través de testaferros.
EL CONTROL COMO ARMA DE SOMETIMIENTO
La clave del presunto poder de Ticona Flores radicaría en su control total sobre la Oficina Desconcentrada de Control, el ente encargado de supervisar y sancionar a los fiscales. Desde esta posición, habría tejido una red para blindar a su círculo y aniquilar a quienes no se sometían a sus intereses.
La estrategia, según las acusaciones, era tan simple como efectiva: iniciar múltiples procedimientos disciplinarios, a menudo fabricados, contra los fiscales «incómodos». Se les sobrecargaba de trabajo para inducirlos al error, y la más mínima falta era magnificada para justificar una suspensión o su destitución.
Para ejecutar este supuesto plan, Ticona Flores habría reclutado a piezas clave:
Waldol Walker Chávez Leandro: En 2017, como fiscal provincial, archivó un caso que conmocionó a Ucayali: un padre habría asesinado a su propio hijo para evadir la pensión alimenticia. Ticona, desde Control Interno, habría archivado la queja contra Chávez Leandro un año después, esperando que el escándalo se disipara (Expediente N°11-2027-0). En 2020, lo sumó a su equipo en la Oficina de Control. Hoy, Chávez Leandro es el jefe de dicha oficina, un cargo que Ticona le habría cedido al ascender a Presidente de la Junta de Fiscales Superiores en enero de 2023.
Yony Wilber Llanos Inquilina: En julio de 2020, este fiscal provincial liberó a un policía ebrio que había atropellado y matado a un joven chef, desatando una ola de protestas. Ticona habría intervenido, aconsejándole que solicitara prisión preventiva para calmar a la población, con la promesa de archivar el proceso disciplinario en su contra. Y cumplió. El caso (Expediente N°12-2020) fue archivado, omitiendo estratégicamente del expediente el requerimiento de prisión preventiva para hacer parecer que la liberación inicial fue la decisión correcta. En 2024, Llanos Inquilina fue «premiado» e incorporado a la Oficina de Control.
Henrry Roger Herrera Mendoza: Fue reclutado a principios de 2023 para la comisión de investigación preliminar de la Oficina de Control, coincidiendo con el ascenso de Chávez Leandro a la jefatura.
Con este equipo, Ticona Flores se habría asegurado el control total del órgano sancionador, garantizando la impunidad para su círculo y la persecución de sus adversarios.
EL FEMINICIDIO DE CHELSY: CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA
La crueldad y el modus operandi de esta presunta red quedaron expuestos de la manera más trágica el 28 de abril de 2023. Chelsy Smith Villacorta Chistama fue asesinada a puñaladas por su expareja, Jhonatan Moreno Gallegos. Ella había suplicado ayuda al sistema de justicia en tres ocasiones. El sistema le dio la espalda.
Primera denuncia (22 de abril de 2021): Denunció un intento de feminicidio. Su expareja la pateó en la cabeza hasta dejarla inconsciente y la golpeó en el vientre mientras estaba embarazada. El fiscal adjunto Jhonny Mauricio Prado calificó los hechos con desidia y tardó dos meses en iniciar las diligencias, a pesar de que la ley le exigía actuar en 24 horas.
Segunda denuncia (19 de agosto de 2021): Denunció hechos que podrían constituir un secuestro. La fiscal adjunta Katherine Cienfuegos Salvatierra lo calificó como un simple maltrato psicológico y archivó el caso.
Tercera denuncia (29 de marzo de 2023): Amenazada de muerte, Chelsy acudió desesperada a la comisaría, rogando por una medida de protección en una casa refugio. El fiscal provincial Victor Hugo Del Castillo Coral, lejos de actuar de inmediato como lo exige el Código Procesal Penal, abandonó los actuados policiales en la dependencia. Un mes después, Chelsy fue asesinada.
LA MAQUINARIA DE ENCUBRIMIENTO
Tras el feminicidio, la maquinaria de encubrimiento, presuntamente dirigida por Waldol Walker Chávez Leandro desde la Oficina de Control, se habría activado. Resulta que los tres fiscales que ignoraron las denuncias de Chelsy (Prado, Cienfuegos y Del Castillo) eran paisanos de Chávez Leandro, oriundos de Huánuco y compañeros de estudios en la universidad UNHEVAL. Katherine Cienfuegos fue incluso su compañera de salón.
Chávez Leandro centró la investigación disciplinaria en el fiscal Percy Holter Baldeon Ferrer, quien se hizo cargo del caso después del feminicidio y no tenía vínculos con él. A pesar de que Baldeon Ferrer logró la captura del feminicida y no tenía quejas previas, fue sancionado con seis meses de suspensión.
Mientras tanto, las quejas contra los amigos de Chávez Leandro fueron archivadas y su compañera de aula, Katherine Cienfuegos, ni siquiera fue investigada.
La red de favores no se detuvo ahí. La queja contra la fiscal adjunta Corazón de Jazmín Ríos Sánchez, quien habría retrasado la geolocalización del asesino, también fue archivada por Chávez Leandro. Un año después, en 2024, fue felicitada por el propio Sebastián Ticona Flores como la «mejor fiscal del año», a pesar de no tener logros conocidos en la lucha contra la delincuencia.
UNA COFRADÍA CRIMINAL AL DESCUBIERTO
El modus operandi denunciado es claro: se induciría a personas a presentar denuncias contra fiscales «incómodos». La queja llegaría a la unidad de Henrry Herrera Mendoza, quien presuntamente la magnificaría en un informe. Luego, pasaría a manos de Yony Llanos Inquilina, quien con el «trabajo sucio» ya hecho, sustentaría una propuesta de sanción. Finalmente, Waldol Walker Chávez Leandro ejecutaría la suspensión o propondría la destitución. Todo, presuntamente, bajo la batuta en la sombra de Ticona Flores.
Pero no existe el crimen perfecto. Una investigación de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos (Carpeta 560-2025) ya tiene en la mira a Chávez Leandro, Llanos Inquilina y Herrera Mendoza por estos hechos.
La pregunta que resuena en Ucayali es: ¿cuándo la justicia llegará hasta la presunta cabeza de esta organización criminal? Los ciudadanos esperan que el escurridizo Sebastián Pedro Ticona Flores finalmente rinda cuentas y que las más altas autoridades intervengan de una vez por todas para desarticular una mafia que ha hecho de la justicia su feudo personal.
Ucayali.
