Tomás Gálvez restituido denuncia que la titular de la Fiscalía incumple resoluciones judiciales y lo excluye de sus funciones, mientras exige que Patricia Benavides retome el cargo.
Tomás Gálvez, fiscal supremo reinstalado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), anunció una denuncia contra Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación, por negarse a asignarle un despacho y reincorporarlo al Ministerio Público. Acusa a Espinoza de desobedecer mandatos judiciales, deslegitimar la institución y cometer «delito tras delito». Gálvez exige que Patricia Benavides asuma el cargo hasta fin de su mandato, en medio de una crisis que profundiza la fractura interna en la Fiscalía.
El conflicto por la reincorporación
Tomás Gálvez no solo enfrenta la negativa de Delia Espinoza para reintegrarlo a sus funciones, sino también un silencio incómodo. «El Tribunal Constitucional y el Décimo Juzgado de Lima ordenaron mi reposición, pero Espinoza se niega a cumplir. Ni siquiera me recibe», declaró a Exitosa. La fiscal le habría respondido, mediante intermediarios, que solo lo atenderá este viernes 20 de junio, fecha que Gálvez considera tardía y sospechosa: «Para entonces, quizá ya no esté en el cargo».
La tensión refleja una pugna más amplia. Gálvez insiste en que Espinoza «incumple la ley y la Constitución», mientras ella mantiene su posición bajo el argumento de que su elección como fiscal de la Nación por la Junta de Fiscales Supremos es legítima.
La Fiscalía en el ojo de la tormenta
Gálvez no solo apunta a Espinoza, sino que cuestiona su gestión. «Está llevando al descalabro al Ministerio Público», afirmó. Critica que actúe «sin sujetarse a normas» y advierte que el escenario desgasta la imagen internacional de Perú. Su llamado al Congreso, la JNJ y hasta el Ejecutivo para intervenir revela la magnitud del conflicto.
La solución que propone es polémica: que Patricia Benavides, destituida en 2024 por irregularidades, retome el cargo. Benavides ya intentó asumir por la fuerza el lunes 16 de junio, en un episodio que Espinoza calificó de «golpe a la democracia».
La denuncia y lo que sigue
Gálvez formalizará una acusación por «desobediencia a la autoridad y omisión de funciones». Mientras, Espinoza sigue en su puesto, respaldada por fiscales y trabajadores que realizaron vigilias en su apoyo.
El fondo del problema es quién controla la Fiscalía: ¿la JNJ, que reinstaló a Gálvez y Benavides, o la Junta de Fiscales Supremos, que ratificó a Espinoza? La respuesta definirá no solo cargos, sino la credibilidad de una institución clave para la justicia peruana.
