En un acto de desacato y pataleta, la ex Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se niega a ceder el puesto a Patricia Benavides y bloquea el acceso de la magistrada destituida en 2023
Patricia Benavides llegó este lunes a la sede del Ministerio Público para retomar sus funciones como Fiscal de la Nación, tras una resolución de la Junta Nacional de Justicia que anuló su destitución de 2023. Sin embargo, Delia Espinoza se niega a entregar el cargo, lo que ha generado una crisis institucional sin precedentes. Benavides ingresó al edificio fiscal acompañada de policías de civil, pero no pudo acceder al despacho principal ni tuvo audiencia con Espinoza.
El fallo que restituye a Benavides
La resolución de la JNJ, de carácter obligatorio, dispuso la restitución de Benavides y de otras dos magistradas: Enma Benavides y Azucena Solari. El abogado de Benavides, Humberto Abanto, confirmó que su patrocinada «va a estar a las 8 de la mañana (en la sede del Ministerio Público) para que luego no nos digan que no concurrió por tres días y abandonó el cargo». La JNJ anuló todo lo actuado en el proceso anterior al considerar que hubo falta de objetividad y rapidez indebida en la investigación.
Según la defensa legal, no existe ningún impedimento pendiente para que Benavides retome sus funciones. Abanto explicó que el documento exige que Delia Espinoza ceda el cargo: «La Junta prácticamente le ha dicho a la señora Espinoza: ‘Levántese de esa silla y deje que se siente la señora Benavides'».
Tensión en el Ministerio Público
El Ministerio Público informó que Benavides ingresó a la sede principal sin registrar previamente su entrada en el módulo de seguridad del primer piso. Su llegada se dio poco después de las 8 a.m., acompañada de policías vestidos de civil que se desplazaron con ella por los pasillos del edificio fiscal. Fuentes cercanas a Espinoza indicaron que se intentaba desalojarla del despacho por la fuerza, generando un ambiente de tensión institucional.
Benavides tampoco solicitó una audiencia con Espinoza para sostener algún diálogo sobre la transición. Hasta el inicio de la jornada, el Ministerio Público no había recibido notificación oficial de la JNJ sobre la resolución.
Advertencias y amenazas legales
Abanto advirtió que si Espinoza se niega a entregar el cargo, podría ser sancionada. «Será el riesgo de la señora Espinoza si lo que desea es, por su desobediencia, que la Junta Nacional de Justicia la someta a un proceso de destitución», declaró a un medio radial. Juan Peña, otro abogado del equipo, adelantó que podrían acudir al Tribunal Constitucional si el Ministerio Público no acata la resolución.
El abogado Wilber Medina sostiene que Benavides debe quedarse hasta 2027, no solo hasta el 1 de julio cuando vence el mandato original. «Su mandato no puede limitarse a lo que resta del periodo original, sino extenderse hasta completar los tres años efectivos en funciones», argumentó. Medina explicó que la restitución no puede ser simbólica y que debe cumplirse íntegramente el mandato como «una reparación real del daño constitucional ocasionado».
Oposición dentro del Ministerio Público
El fiscal supremo Tomás Gálvez calificó de «inejecutable» la decisión de la JNJ. «La JNJ ha dispuesto que Patricia Benavides asuma como FN, pero existe otra FN en funciones (válidamente elegida); la JNJ no puede dejar sin efecto la elección de un FN», expresó. Gálvez advirtió que no se puede aplicar una parte de la resolución y obviar otra: «Ni siquiera se puede incorporar a Patricia como fiscal suprema, porque las resoluciones se ejecutan en sus propios términos», escribió en su cuenta oficial de X.
La crisis expone las profundas fracturas dentro del sistema de justicia peruano y plantea interrogantes sobre la autoridad real de las instituciones de control.
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Contexto de la destitución original
Benavides fue destituida en 2023 en medio de cuestionamientos por su gestión y denuncias sobre presuntas irregularidades en investigaciones fiscales. Su salida del cargo generó controversia en el sistema de justicia peruano. La JNJ consideró que el proceso disciplinario que condujo a su destitución careció de las garantías procesales necesarias.
Precedente institucional
Esta situación marca un precedente inédito en la historia del Ministerio Público peruano. Nunca antes dos personas habían reclamado simultáneamente la titularidad del cargo de Fiscal de la Nación con respaldo legal aparente. El conflicto expone las debilidades del marco normativo para resolver este tipo de crisis institucionales.
Impacto en investigaciones en curso
La crisis de autoridad podría afectar las investigaciones fiscales en curso, especialmente aquellas de alto perfil político. Los fiscales supremos enfrentan incertidumbre sobre a quién deben reportar y qué directrices seguir. Esta situación podría generar parálisis en procesos judiciales importantes para el país.
La tensión institucional se mantiene mientras ambas magistradas reclaman la legitimidad del cargo, sin que exista una salida clara a corto plazo.
