El ministro de Cultura defendió la reducción del área protegida de Nasca y evitó responder a fondo denuncias por minería y contrataciones.
El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, acudió el viernes 13 de junio al Pleno del Congreso para responder a tres mociones de interpelación. La más cuestionada fue la relacionada con la reducción de más de 2,400 kilómetros cuadrados de la Reserva Arqueológica de Nasca, inscrita como Patrimonio Mundial por la Unesco desde 1994. Durante su intervención, el ministro contestó 52 preguntas, defendió la medida con base en estudios técnicos, rechazó que se ponga en riesgo el patrimonio y enfrentó críticas por falta de consulta previa, presunto favorecimiento a actividades extractivas y denuncias administrativas y laborales en su sector.
Nasca: “No es patrimonio en peligro”
Valencia aseguró que las Líneas de Nasca no están inscritas en la lista de patrimonio mundial en riesgo. Por tanto, según dijo, no era obligatorio informar a la Unesco sobre la evaluación técnica que sustenta el recorte del área protegida. “Cuando Unesco verifica que un bien que tiene la condición de Patrimonio Mundial enfrenta algún riesgo sustentado, lo inscribe en la lista de patrimonio en riesgo. No es el caso de las Líneas de Nasca”, afirmó.
El ministro sostuvo que el recorte se basa en más de 20 años de estudios arqueológicos y no afecta las figuras geométricas ni biomorfas más conocidas. También señaló que el Ministerio de Cultura actúa dentro de lo estipulado en la Convención del Patrimonio Mundial, suscrita por el Perú.
Sin consulta ni consenso
Valencia también justificó que no se haya realizado consulta previa a comunidades locales ni a instituciones especializadas. Dijo que la ley otorga al Ministerio la potestad de modificar los límites de las reservas arqueológicas sin ese tipo de procesos.
La afirmación generó críticas entre los congresistas, quienes reclamaron la falta de consenso técnico y social frente a una modificación de esta magnitud.
Riesgo de abrir la puerta a la minería
El congresista Wilson Soto cuestionó que decisiones como esta podrían abrir el paso a actividades extractivas en zonas cercanas a las figuras de Nasca. Si bien no existe una autorización formal, expresó su preocupación por posibles impactos indirectos en geoglifos como el colibrí, el mono, la araña, el pelícano y otras figuras emblemáticas.
Soto también denunció que el ministro contrató a una persona cercana sin título profesional y alquiló un local por 16 millones de soles sin concurso público.
“Todo bien cultural tiene protección legal”
El ministro respondió que la protección frente a la minería informal no se limita a un polígono arqueológico, sino que abarca todos los vestigios culturales del país. Recordó que la ley protege todo bien cultural, incluso fuera de zonas intangibles.
“Cualquier actividad que eventualmente (como la minería informal) pudiese afectar un vestigio arqueológico, incluso fuera de un polígono arqueológico, debe ser evaluada rigurosamente y está sujeta a procedimientos técnicos previos, como la evaluación, por ejemplo, del Viceministerio de Cultura”, afirmó.
Valencia admitió su participación en la reducción del área protegida, pero evitó dar más detalles sobre la denuncia. Tras la presión mediática, el área original de 5,600 km² fue restituida.
Operativos ante amenazas
Aunque aseguró que el Ministerio de Cultura no tiene competencia directa en temas mineros, Valencia adelantó que se están coordinando acciones con la Procuraduría y la Fiscalía para prevenir invasiones de minería informal en Nasca.
“Nuestra gestión está ejecutando medidas firmes y coordinadas para garantizar la protección efectiva del área del polígono de la reserva arqueológica de las líneas y jeroglifos de Nasca. Dentro de estas actividades se está llevando a cabo, por ejemplo, un trabajo articulado entre la Dirección de Cultura de Ica, la Procuraduría del Ministerio de Cultura y la Fiscalía de Prevención del Delito”, sostuvo.
Más cuestionamientos
Además del caso Nasca, el ministro respondió otras dos mociones. Acción Popular le pidió explicaciones sobre presuntas irregularidades administrativas, mientras que la Bancada Socialista exigió respuestas por las protestas laborales en Cusco, donde trabajadores del Ministerio de Cultura reclaman mejores condiciones y denuncian falta de diálogo.
Valencia aseguró que están revisando los casos y que se priorizará el restablecimiento de la atención en la región. Aun así, varios congresistas consideraron insuficientes sus respuestas y señalaron un debilitamiento institucional del sector Cultura.
La interpelación ocurrió en un contexto de creciente presión sobre el gabinete. Ese mismo día también fue interpelado el ministro de Energía y Minas. Hasta el momento, no se ha presentado una moción de censura contra Fabricio Valencia.
