Perú Libre, Bancada Socialista y Bloque Democrático Popular votaron en contra del proyecto que beneficiaría a responsables de masacres como Accomarca y Putis.
Con 15 votos a favor, la Comisión aprobó amnistía para militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.
Organismos internacionales advierten que la medida viola compromisos del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y debilita el Estado de derecho.
La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen que otorga amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. La medida, impulsada por bancadas conservadoras, obtuvo 15 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. El proyecto ahora debe ser votado en el Pleno del Congreso y ha generado fuerte rechazo de organizaciones de derechos humanos, quienes advierten que vulnera compromisos internacionales del Perú y desprotege a las víctimas de crímenes de lesa humanidad.
BANCADAS
CONSERVADORAS
RESPALDAN LA IMPUNIDAD
El dictamen fue aprobado bajo la presidencia del fujimorista Fernando Rospigliosi. Fuerza Popular aportó cinco votos a través de Rospigliosi, Martha Moyano, Patricia Juárez, Nilza Chacón y Rosangella Barbarán. Avanza País sumó dos votos con José Williams y Alejandro Cavero. Renovación Popular respaldó la medida con Alejandro Muñante y Noelia Herrera. APP contribuyó con Juan Lizarzaburu y José Elías, mientras que Somos Perú lo hizo con Jorge Morante y Alfredo Azurín. Honor y Democracia participó a través de Gladys Echaíz y Acción
Popular con Luis Aragón.
La oposición provino principalmente de bancadas de izquierda. Perú Libre votó en contra con Isaac Mita y Jorge Cruz Mamani. JP – Voces del Pueblo se opuso mediante Víctor Cutipa, la Bancada Socialista con Alex Flores y el Bloque Democrático Popular con Ruth Luque. Podemos Perú también rechazó la propuesta a través de Heidy Juárez.
CRÍTICAS DESDE LA
IZQUIERDA PARLAMENTARIA
El congresista Alex Flores de la Bancada Socialista cuestionó duramente el dictamen. “Caso Accomarca, Putis, las fosas comunes en Ayacucho que no se exhumaron, y los responsables siguen impunes. ¿Y se pretenderá dar amnistía?”, expresó durante el debate. Flores enfatizó que su bancada rechaza el terrorismo de Estado y reafirmó la necesidad de justicia para las víctimas. Ruth Luque del Bloque Democrático Popular comparó la situación actual con el periodo fujimorista. Señaló que se repite la misma lógica de impunidad que caracterizó aquel gobierno. “En el fondo están desconociendo el derecho que tienen las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación”, advirtió la parlamentaria.
ORGANISMOS
INTERNACIONALES
RECHAZAN LA PROPUESTA
La expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Julissa Mantilla, criticó duramente el proyecto. Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional han sostenido la improcedencia de amnistías para crímenes de lesa humanidad. “Hace mucho la CIDH y el TC han rechazado el uso de amnistías para graves violaciones de derechos humanos, así que este proyecto no sólo es inconstitucional sino burdo”, explicó Mantilla.
La especialista rememoró casos emblemáticos como Barrios Altos en Perú y Almonacid Arellano en Chile. Estos precedentes establecen que las amnistías no pueden aplicarse a violaciones graves de derechos humanos. Los jueces peruanos deberán aplicar control de convencionalidad si la norma llega a aprobarse.
VACÍOS LEGALES PREOCUPAN
A ESPECIALISTAS
El dictamen presenta serias deficiencias técnicas que generan alarma entre expertos. La norma no delimita claramente qué conductas quedarían amparadas por la amnistía. Esta falta de precisión podría permitir impunidad para casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. El proyecto plantea que no se podrá abrir ni continuar procesos penales contra agentes del Estado si actuaron en el marco del combate al terrorismo.
Sin embargo, al no establecer criterios legales específicos ni excluir delitos de lesa humanidad, se vulneran compromisos internacionales del Perú. Esta ambigüedad jurídica debilita el Estado de derecho y bloquea el acceso a la verdad y justicia.
DEFENSORES ALEGAN
SEGURIDAD JURÍDICA
Los promotores del dictamen argumentan que se trata de una deuda pendiente con quienes defendieron al país durante el conflicto armado. Aseguran que la medida solo busca brindar seguridad jurídica frente a lo que califican como persecución judicial. Esta postura refleja una visión que prioriza la protección de efectivos militares y policiales sobre los derechos de las víctimas.
Sin embargo, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos consideran que este tipo de leyes debilita el Estado de derecho. El proyecto podría provocar demandas ante tribunales internacionales si llega a aprobarse. El avance de esta iniciativa marca un retroceso en la política de justicia transicional del país.
PRÓXIMOS PASOS Y
CONSECUENCIAS
A pesar del avance en comisión, el dictamen aún debe ser votado en el Pleno del Congreso. De ser aprobado, significaría un cambio radical en la política de justicia transicional del Perú.
La medida podría generar un conflicto con el sistema interamericano de derechos humanos y comprometer la reputación internacional del país.
Las organizaciones de víctimas ya han anunciado que recurrirán a instancias internacionales si la ley entra en vigor. El proyecto representa un desafío directo a los estándares internacionales de justicia transicional. La decisión final del Pleno determinará si Perú retrocede en materia de derechos humanos o mantiene sus compromisos internacionales.
PERÚ LIBRE RECHAZA
CATEGÓRICAMENTE
LA AMNISTÍA
La bancada de Perú Libre expresó su rotundo rechazo al dictamen que busca otorgar impunidad a militares y policías. La agrupación política reafirmó su compromiso con las voces que aún exigen justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno.
En un comunicado oficial, Perú Libre se pronunció contra la ley de amnistía que pretende dejar sin sanción las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional entre 1980 y 2000. Este periodo abarca los gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori, durante los cuales se registraron graves violaciones a los derechos humanos.
La bancada recordó que el debate se desarrolló en la Comisión de Constitución presidida por Fernando Rospigliosi de Fuerza
Popular. El pre dictamen tiene su origen en el proyecto de ley N°
7549 presentado por el congresista Jorge Montoya. Perú Libre cerró su pronunciamiento con la consigna “Ni perdón, ni olvido”, reafirmando su posición de que los crímenes de lesa humanidad no deben quedar impunes.
DATOS: DURANTE EL CONFLICTO armado interno (1980- 2000), murieron aproximadamente 69,000 personas según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Los agentes del Estado fueron responsables del 37% de las muertes y desapariciones, mientras que Sendero Luminoso causó el 54%. Esta amnistía beneficiaría a efectivos procesados por casos que incluyen masacres como Accomarca y Putis, donde murieron decenas de campesinos inocentes.
