El Ministerio Público denuncia constitucionalmente al titular de la Defensoría por designar a María del Carmen Olórtegui sin que cumpliera requisitos legales
La Fiscalía de la Nación presentó este miércoles una denuncia constitucional contra Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, defensor del Pueblo, por el presunto delito de nombramiento ilegal en el aparato estatal. El caso involucra la designación irregular de María del Carmen Olórtegui Risco como jefa de la Oficina Defensorial II de La Libertad, pese a que no reunía los requisitos del Manual del Clasificador de Cargos de la institución. La acusación busca que el Congreso habilite el antejuicio político necesario para iniciar un proceso penal contra el funcionario.
Los hechos denunciados
El Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales elaboró la acusación contra Gutiérrez Cóndor. La Fiscalía responsabiliza al funcionario de haber designado de forma irregular a Olórtegui Risco como jefa de la oficina regional. La denuncia señala que la funcionaria no reunía los requisitos exigidos por el manual interno de la institución.
«Se le atribuye a Gutiérrez Cóndor que, con el apoyo de las áreas administrativas de la Defensoría del Pueblo, propuso y designó a María Olórtegui», indica el comunicado oficial de la Fiscalía en su cuenta de X. El organismo sostiene que el defensor habría contado con el respaldo de determinadas áreas administrativas para concretar el nombramiento. La acusación afirma que Gutiérrez conocía la presunta ilegalidad de su decisión.
Investigación se extiende
El Ministerio Público ordenó remitir copias certificadas del caso a la fiscalía penal competente. El objetivo es abrir una investigación formal contra Olórtegui Risco por su presunta implicancia en el delito de aceptación ilegal de cargo. La medida amplía el alcance de la investigación más allá del propio defensor del Pueblo.
La Fiscalía evaluará también la actuación de otros funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Estos habrían facilitado o encubierto la designación irregular según la hipótesis fiscal. El organismo busca determinar posibles responsabilidades administrativas o penales de otros implicados.
El siguiente paso
La denuncia constitucional ya fue ingresada al Parlamento para su evaluación. Corresponde ahora al Congreso decidir si habilita el antejuicio político que permitiría iniciar un proceso penal contra Josué Manuel Gutiérrez Cóndor. El procedimiento sigue los marcos establecidos para funcionarios con prerrogativas constitucionales.
Según el Ministerio Público, la acción de Gutiérrez constituye una transgresión directa a las normas que regulan el acceso a cargos públicos. La denuncia se enmarca en las competencias del organismo para perseguir delitos contra la administración pública.
