El Poder Judicial negó el pedido del fiscal Pérez para adelantar el juicio de Villarán. Se mantiene la fecha del 23 de septiembre.
El Poder Judicial rechazó el pedido del fiscal José Domingo Pérez para adelantar al mes de julio el inicio del juicio oral contra Susana Villarán. El tribunal ratificó que el proceso comenzará el 23 de septiembre, pese a que el fiscal argumentó que el retraso afecta el interés público y genera la percepción de “doble rasero”. La acusación incluye a Villarán y a exfuncionarios de su gestión por delitos vinculados al caso Lava Jato.
PJ mantiene fecha de juicio
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional decidió no modificar la fecha del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. El fiscal del caso, José Domingo Pérez, había solicitado adelantar la audiencia al mes de julio, pero el tribunal sostuvo que no hay fundamentos suficientes para alterar el calendario judicial ya establecido.
En su resolución, el juzgado explicó que no basta con citar el fallo del Tribunal Constitucional, el cual sugiere mayor celeridad en procesos de alto interés público, para justificar un cambio en la programación. La audiencia se mantiene para el 23 de septiembre.
Fundamentos del fiscal
El fiscal Pérez alegó que postergar el juicio daña la imagen del sistema judicial y podría interpretarse como una actitud permisiva frente a la corrupción. “Podría contribuir a que se considere como lenidad en la actuación del Poder Judicial y el Ministerio Público”, señaló en su escrito. También citó al Tribunal Constitucional, que advirtió que la lentitud del proceso genera “la sensación de que se actúa con doble rasero”.
Pérez planteó que, debido a la antigüedad del caso y su relevancia pública, era posible programar audiencias continuas que redujeran la duración del juicio, conforme a lo sugerido por el Tribunal Constitucional.
Sin prisión preventiva
El fiscal tampoco formalizó la solicitud de prisión preventiva, pese a que en su momento dejó abierta esa posibilidad si el juicio no se adelantaba. El tribunal no consideró esa medida.
El caso Villarán
Susana Villarán y exfuncionarios de su gestión están acusados por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión y lavado de activos. Se les imputa haber recibido financiamiento de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para la campaña del “No a la revocatoria” en 2013. El proceso judicial se desarrolla dentro del marco del caso Lava Jato.
