El Congreso espera que el Ejecutivo promulgue la ley que declara imputables a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves.
El Congreso de la República espera que el Poder Ejecutivo promulgue una ley que permitirá juzgar como adultos a menores de 16 y 17 años por delitos graves como sicariato, extorsión, narcotráfico, secuestro, feminicidio y violación sexual. Si el Ejecutivo no la observa antes del 13 de mayo, la norma podrá ser promulgada por el Congreso y entraría en vigencia al día siguiente. El proyecto ha desatado un intenso debate entre autoridades, especialistas y organizaciones internacionales, quienes advierten que la medida podría tener serias consecuencias en la resocialización de adolescentes en conflicto con la ley.
La polémica tras la fuga de Maranguita
La reciente fuga de seis internos del Centro de Rehabilitación Juvenil de Maranguita reactivó la discusión en redes sociales y medios de comunicación. La ley busca dejar de considerar como infractores a los adolescentes de 16 y 17 años que cometan crímenes graves, para que pasen a cumplir condenas en cárceles para adultos. Actualmente, estos jóvenes son enviados a centros juveniles.
Si se promulga la norma, los menores podrán recibir penas como la cadena perpetua, dependiendo del delito. Los defensores del proyecto argumentan que el crimen organizado utiliza a menores sabiendo que no pueden ser sancionados penalmente. Afirman que la ley cerraría ese vacío legal y sería una herramienta contra las bandas criminales.
Críticas desde el derecho y la criminología
Expertos y organizaciones señalan que la medida no resolvería el problema de fondo. “Es tan falso como creer que incrementando las penas de manera automática se reducirán los índices de criminalidad”, dijo el abogado penalista Andy Carrión. Advirtió que la ley negaría oportunidades de rehabilitación y empujaría a los adolescentes hacia una vida delictiva.
Nicolás Zevallos, director de Asuntos Corporativos del Instituto de Criminología y Estudios sobre Violencia, también criticó el enfoque. “Lo que realmente se necesita es una mejora en los centros de rehabilitación existentes y un enfoque más adecuado para resocializar a los menores involucrados en actividades delictivas, no una modificación normativa innecesaria”, afirmó.
Según la propuesta, los adolescentes serían enviados a penales comunes, aunque separados de la población adulta. Estarían en espacios compartidos con jóvenes de entre 16 y 21 años. A pesar de estas “condiciones especiales”, especialistas sostienen que la medida sigue yendo en contra de los principios de reintegración social.
Advertencia internacional y cifras oficiales
UNICEF expresó su preocupación y recordó que los menores de edad tienen un sistema penal juvenil propio que prioriza su reinserción. Además, los datos contradicen la idea de una participación masiva de adolescentes en delitos graves. Según el Programa Nacional de Centros Juveniles, solo el 2.1% de los casos involucran crímenes graves. De 1,978 internos, solo siete están detenidos por sicariato o pertenencia a organizaciones criminales.
Experiencias internacionales también alimentan las dudas. En países como Estados Unidos, donde existen disposiciones similares, no se ha logrado reducir la delincuencia juvenil. Según Andy Carrión, no hay evidencia de que esta medida tenga un impacto efectivo en la disminución del crimen.
El debate sigue abierto mientras se acerca la fecha límite para que el Ejecutivo decida si observa la norma. La decisión podría marcar un giro en la política penal juvenil del país, con consecuencias profundas para cientos de adolescentes.
