Este miércoles 30 de abril, el Ministerio Público interpuso una demanda constitucional contra el expremier Alberto Otárola. Según el comunicado señala que se le atribuye una contratación presuntamente irregular de Yaziré Pinedo cuando mantenía el cargo como presidente de Consejo de Ministros.
Según la hipótesis de la Fiscalía, el exprimer ministro habría intervenido de manera indebida en las contrataciones, recurriendo para ello a funcionarios de ambas entidades. Dichos funcionarios, de acuerdo con el documento, pertenecían a su círculo de confianza desde su periodo como presidente ejecutivo del Consejo Directivo de Devida.
De acuerdo con el análisis del Ministerio Público, las contrataciones habrían sido facilitadas por funcionarios cercanos a Alberto Otárola, entre ellos Luis Antonio Alemán Nakamine, director de la Oficina General de Administración de la PCM; Ninoska Mosqueira Cornejo, viceministra de Recursos para la Defensa; y Giuliana María Horna Padrón, directora de Administración del Ministerio de Defensa. Todos ellos integraban su entorno de confianza desde su etapa como presidente ejecutivo de DEVIDA, entre los años 2014 y 2016.
Como se recuerda además, mediante la difusión de un reportaje por Panorama revelaron los posibles contratos estatales irregulares vinculados a su gestión. Asimismo, Yaziré Pinedo mediante entrevistas a medios televisivos confirmó que mantenía una relación sentimental con el expremier Otárola, lo que habría llevado al entonces titular de la Presidencia del Consejo de Ministros a involucrarse en los procesos de contratación con el fin de beneficiarla.
No obstante, tras el comunicado de la Fiscalía, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, liderado por María Acuña (APP), deberá evaluar la denuncia presentada contra el exprimer ministro.
