Elio Riera, defensor del exconductor televisivo, argumentó que el delito de «tráfico de influencias en cadena» no está tipificado en la legislación peruana. Abogado de Hurtado citó como precedente un caso similar que obtuvo sobreseimiento.
El abogado Elio Riera solicitó al Poder Judicial el archivo de la investigación contra Andrés Hurtado, conocido como «Chibolín», por presunto tráfico de influencias. Durante una audiencia ante el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, el letrado argumentó que este delito en su modalidad «en cadena» no está regulado en el Código Penal peruano, basándose en un precedente reciente que benefició a otros investigados.
Falta de sustento legal en la acusación
Riera sostuvo que la figura jurídica aplicada por la Fiscalía carece de respaldo normativo, citando como ejemplo el caso de Bruno Pacheco y Silvia Barrera, en el que se concedió un sobreseimiento por el mismo motivo. «El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Corrupción de Funcionarios ya resolvió que el tráfico de influencias en cadena no es punible en nuestro ordenamiento jurídico», afirmó. El defensor de Hurtado insistió en que, de mantenerse la investigación, se violaría el principio de legalidad y el debido proceso.
Denuncia de presiones y falta de equidad procesal
El abogado también denunció supuestas irregularidades en el tratamiento del caso, señalando que su cliente enfrenta un trato desigual frente al Ministerio Público. «Mientras los fiscales ingresan con dispositivos electrónicos a las audiencias, la defensa tiene restricciones injustificadas», declaró. Asimismo, aclaró que Hurtado no tiene vínculo alguno con la investigación paralela por lavado de activos contra Luis Sánchez Aranda, dueño del restaurante «Mi Barrunto».
La defensa de Hurtado espera que el juez Checkley acoja su pedido de archivo, al considerar que la Fiscalía ha insistido en una imputación sin base legal. El fallo podría sentar un precedente sobre la aplicación de esta figura en casos de corrupción. Mientras tanto, el humorista continúa bajo proceso, aunque su equipo legal confía en que la justicia reconocerá los vicios formales de la acusación.