El fiscal, separado del caso Lava Jato por incumplimientos procesales, intenta revertir medida con acusaciones contra el control interno del Ministerio Público.
José Domingo Pérez, fiscal suspendido por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, optó por la victimización antes que la autocrítica: denunció «abuso de autoridad» contra quienes lo apartaron del caso Lava Jato, pese a que la medida responde a seis meses de apartamiento preventivo por faltas disciplinarias reiteradas, incluyendo retrasos procesales confirmados por el Poder Judicial.
«Abuso» o estrategia de distracción
Pérez, conocido por su rol en investigaciones contra Keiko Fujimori y Odebrecht, acudió este martes a la comisaría de San Andrés para denunciar al jefe de la ANC, Juan Antonio Fernández Jerí, tras serle negado el ingreso a su oficina.
«Denuncio la conducta abusiva de la ANC, que me impidió ingresar a la Fiscalía para entregar mi cargo», declaró, omitiendo que la restricción fue ordenada tras su suspensión. La ANC sostiene que la medida busca «garantizar la investigación» sobre sus presuntas irregularidades, que incluyen un historial de sanciones desde 2018.
Antecedentes que lo condenan
La resolución de la ANC no es caprichosa: se basa en fallos judiciales y procesos internos. El más contundente es la Casación 528-2018, donde el Poder Judicial determinó que Pérez y el fiscal Germán Juárez Atoche excedieron plazos procesales durante la investigación contra Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito Villanella.
La Oficina de Control Interno (ahora bajo la ANC) acumuló desde entonces reportes sobre su manejo cuestionable de casos, lo que derivó en la suspensión cautelar. Pérez, sin embargo, insiste en blindarse como «perseguido» mientras evita responder por sus actos.
El doble rasero del fiscal estrella
Pérez, quien lideró allanamientos y acusaciones mediáticas contra políticos, hoy rechaza que se apliquen controles a su propia gestión. Su queja por «arbitrariedad» contrasta con su historial de investigaciones marcadas por plazos incumplidos y decisiones unilaterales.
Mientras el Ministerio Público defiende la medida como «técnica y legal», el fiscal suspendido apela a la tribuna pública para desacreditar a sus superiores. La pregunta salta: ¿Es Pérez víctima del sistema o un operador que ahora choca con los límites que él mismo ignoró?
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