La Comisión de Protección al Consumidor N° 2 de INDECOPI ha emitido la Resolución Final N°0747-2025/CC2, declarando improcedente la denuncia presentada por tres asociaciones de consumidores contra Real Plaza S.R.L. y sus representantes por presuntas infracciones a la Ley de Protección y Defensa del Consumidor.
Tragedia en Trujillo sin responsables
La denuncia, interpuesta por el Centro de Protección al Ciudadano Equidad, la Asociación Peruana de Protección y Defensa de Consumidores y Usuarios (Proconsumo) y la Asociación de Consumidores Inmobiliarios del Perú (ADCIP), buscaba que INDECOPI investigara las graves deficiencias estructurales que habrían provocado el colapso del techo del patio de comidas de Real Plaza Trujillo el 21 de febrero de 2025, tragedia que dejó seis personas fallecidas y 78 heridos.
Competencia municipal como justificación
Según la resolución, INDECOPI declaró improcedente la denuncia alegando «falta de competencia», argumentando que las municipalidades son las entidades responsables de verificar las condiciones de seguridad en los establecimientos comerciales. La entidad también invocó el principio de Non Bis In Idem, sosteniendo que ya existe un procedimiento en curso ante la Comisión de INDECOPI de La Libertad.
Deficiencias sin investigación nacional
Lo más cuestionable de la resolución es que INDECOPI también declaró inadmisible la parte de la denuncia relacionada con la falta de información sobre deficiencias estructurales en otros 11 centros comerciales Real Plaza que fueron clausurados en diversas ciudades del país, incluyendo Huancayo, Cusco, Villa María del Triunfo, Ate, Piura, Chorrillos, San Ramón, Guardia Civil, Centro Cívico y Juliaca.
La entidad reguladora argumentó que los denunciantes no identificaron con suficiente detalle las deficiencias específicas en cada local ni demostraron que Real Plaza conociera estas deficiencias antes de las intervenciones municipales, a pesar de las múltiples clausuras documentadas por motivos de seguridad estructural.
La resolución ordena remitir copia del expediente a las municipalidades involucradas y a la Oficina Regional de INDECOPI en La Libertad, pero deja sin investigación integral las prácticas de seguridad de la cadena a nivel nacional.
