En carta a las Naciones Unidas, el político Enrique Santiago Romero acusó al Congreso peruano de interferir en su juicio oral y “quebrar (su) independencia e imparcialidad”, “violación sistemática de los derechos humanos”
El político español Enrique Santiago Romero, diputado de la coalición Sumar, ha enviado una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que denuncia lo que considera una “obstaculización” de la defensa legal de Pedro Castillo Terrones, expresidente de Perú. En la misiva, Santiago Romero solicita que se tomen medidas para garantizar los derechos humanos del exmandatario y se ponga fin a lo que él califica como “detención arbitraria”. Castillo Terrones enfrenta un juicio por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, derivados de su fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
A través de sus redes sociales, el integrante del movimiento político Sumar compartió la misiva en donde se dirige a representantes de la ONU para solicitar garantías a favor de Castillo Terrones. El diputado argumentó que el expresidente ha enfrentado un proceso cuestionable en cuanto a la «legalidad, independencia y objetividad».
«Existen denuncias acerca de las continuas injerencias del Congreso de la República en el sistema judicial, quebrando así su independencia e imparcialidad», agregó Santiago Romero en su carta, advirtiendo que autoridades peruanas estarían interfiriendo al respecto para evitar que se ejerza un «juicio legal independiente».
Por otro lado, se refirió a la huelga de hambre que inició Castillo el último 10 de marzo, e indicó que esta decisión se debe a una denuncia sobre «la violación sistemática de los derechos humanos» contra su persona. Además, hizo énfasis en las sanciones que interpuso el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tras la protesta, por lo que, en vista de todo lo expuesto, pidió una «rápida intervención» de la ONU para tratar el asunto con el gobierno peruano.
«Los hechos denunciados podrían suponer una violación de artículos del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, y la Declaración Universal de los DD.HH. (…) por lo que sería oportuna su rápida intervención para mediar con el Gobierno del Perú que tenga como objetivo prioritario garantizar el respeto de los DD.HH., poniendo fin a una detención arbitraria», se lee en parte del documento.
Pedro Castillo solicitó ser juzgado en España durante apelación
El último 11 de marzo, Castillo Terrones participó en la tercera audiencia que se le sigue por el caso ‘Golpe de Estado’. Durante su intervención, el exmandatario denunció que el sistema de justicia habría manipulado el tipo penal para asemejarlo al de España. Bajo este argumento, pidió que su juicio se lleve a cabo en dicho país.
«Para tenerme acá han forzado el tipo penal diciendo que no basta la violencia física, sino la violencia psíquica, ¿en qué parte del código penal se encuentra eso?, sin embargo, se sujeta a un código penal español. Si es así, en mi ignorancia jurídica o legal, que se me lleve a España a juzgarme», manifestó Pedro Castillo.
Posterior a ello, el diputado español Enrique Santiago denunció ante la ONU que Pedro Castillo estaría afrontando su juicio bajo una «detención arbitraria». El político de izquierda pidió al organismo que intervenga para garantizar el respeto de los derechos humanos.
HUELGA DE HAMBRE
La situación de Pedro Castillo se ha vuelto crítica después de su reciente anuncio de iniciar una huelga de hambre, que comenzó el pasado lunes 10 de marzo de 2025, como protesta por el presunto maltrato recibido en prisión y las condiciones de su juicio. En su carta, Santiago Romero asegura que la huelga de hambre de Castillo es una respuesta a la “violación sistemática de los derechos humanos” que, según el exmandatario, ha sufrido durante su detención.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), por su parte, ha respondido a las acciones de Castillo iniciando un proceso administrativo disciplinario en su contra por la falta derivada de la huelga de hambre. Esta medida implica que Castillo será aislado y que se suspenderán las visitas en su contra, lo que ha generado más tensiones alrededor de su situación. Este 12 de marzo, el congresista peruano Roberto Sánchez, quien había sido excluido del juicio oral contra Castillo, confirmó que pudo visitar al expresidente en prisión, a pesar de las medidas adoptadas por el INPE, y observó que Castillo sigue decidido a continuar con su protesta.
