Pedro Castillo es víctima de un juicio político, asevera congresista Guillermo Bermejo.
El expresidente Pedro Castillo, quien enfrenta un juicio oral por orquestar un golpe de Estado a fines de 2022, inició una huelga de hambre en el penal de Barbadillo, en Lima, como protesta por lo que considera una “injusticia” en su contra.
A través de un manuscrito compartido en sus plataformas sociales, el exmandatario expresó su descontento con las acciones del sistema de justicia, las cuales, según él, han sido parcializadas.
“Pongo en conocimiento a mi familia, al pueblo peruano, que haciendo uso de mi derecho humano he decidido acatar a partir de esta fecha huelga de hambre”, se lee en el escrito, en el que también denuncia que una jueza de la sala que ventila su juicio “ha adelantado su opinión, forzando el tipo penal de rebelión”.
El manuscrito está firmado por el abogado Walter Ayala, aunque Castillo se presentó en la instalación del juicio sin respaldo legal, tras presentar un escrito en el que notificaba la subrogación de todos sus defensores.
El exmandatario se encuentra detenido en el penal de Barbadillo, un centro de reclusión de máxima seguridad donde ha permanecido desde su arresto, tras intentar un autogolpe en diciembre de 2022. Por este caso, enfrenta un pedido fiscal de 34 años de prisión por los cargos de rebelión y abuso de autoridad.
En un manuscrito, Castillo afirma que se encuentra injustamente encarcelado por delitos que asegura no haber cometido, y denuncia la supuesta parcialidad del tribunal que lo procesa.
Ante esto, Ayala ratificó su rol como defensor del expresidente. Al respecto, el abogado
Walter Ayala, explicó que su cliente ha manifestado reiteradamente su desconfianza en el sistema de justicia, lo que lo llevó a rechazar una defensa pública y, en su lugar, asumir una postura de protesta contra lo que considera un proceso viciado.
Desde la perspectiva del abogado, la acusación contra Castillo se basa en una interpretación forzada del delito de rebelión, argumentando que no existen elementos suficientes para sostener tal imputación. En este sentido, el jurista señaló que el sistema judicial ha creado una “nueva tipología del delito” para justificar la prisión preventiva de su defendido.
En cuanto a la huelga de hambre iniciada por Castillo, explicó que esta medida busca llamar la atención de organismos internacionales como la Organización de
Estados Americanos (OEA), la Defensoría del Pueblo y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según el abogado, su defendido se considera un “preso político” y sostiene que su encarcelamiento es una consecuencia de la persecución por parte del Estado.
Además, Ayala reafirmó que Castillo continuará con esta protesta hasta que se cumplan dos exigencias fundamentales: la conformación de un tribunal imparcial y su liberación. Otro aspecto relevante abordado en la entrevista fue la supuesta influencia de Aníbal Torres en los acontecimientos previos a la detención de Castillo.
Ante las especulaciones sobre la autoría de ciertos mensajes atribuidos al expresidente, Ayala desmintió que Torres haya redactado algún documento en su nombre, como señaló la Fiscalía, y aseguró que todas las decisiones fueron tomadas por el propio Castillo.
Congresista Bermejo: “No existe delito de rebelión”
El congresista de la República, Guillermo Bermejo, sostuvo que el proceso al que es sometido el ex jefe de Estado “es un juicio absolutamente político, donde un sector que gobierna el país espera una condena absoluta contra el presidente Castillo y los demás implicados”.
“Jurídicamente lo han explicado muchos especialistas que coinciden que el delito por el que se le procesa, que es el delito de rebelión, no existe, porque para que exista un delito de rebelión tiene que haber un alzamiento armado, es decir, que las Fuerzas Armadas hubiesen acompañado la proclama del 7 de diciembre y como es evidente eso no sucedió”, sostuvo.
“Por el contrario, fue detenido, de manera bastante cuestionable incluso por su propia guardia. Entonces, no habiendo delito de rebelión por el que se le tenga que procesar que es lo que está sucediendo con la justicia peruana y con un sector político y periodístico que se empecinan en que se le dé una sanción drástica al presidente Castillo”, declaró para diario UNO. “Y segundo que también creo que tiene que ver con esto es que este encarcelamiento duro que está sufriendo el presidente, está generando pues efectos en su estado de salud. Que él haya decidido tomar la vía de la huelga de hambre, habla de que él siente que los atropellos tienen que visibilizarse de una manera más
contundente y toma esta decisión”, explicó respecto a su medida de fuerza.
“Entonces yo estoy exigiendo al INPE, al Ministerio de Salud y a la Cruz Roja Peruana, primero que lo visiten lo más pronto posible y verifiquen su estado de salud y al INPE que garantice un trato humanitario al presidente Castillo porque es evidente que la
está pasando muy mal y se tiene que dar este tipo de temas, este tipo de decisiones para que sus reclamos sean atendidos”, instó el parlamentario.
“Toda nuestra solidaridad con el presidente Castillo, en un país donde la justicia no esté tan politizada como el nuestro, este tema ni siquiera debería verse en tribunales, pero que sepa que no está solo, que hay un pueblo que lo defiende y que los que siempre intentamos ayudarlo para el bien del país, están con él”, manifestó en respaldo a la decisión del ex presidente.
