Alejandro Arteaga
Días atrás Lima vivió una de las noches más sangrientas de los últimos años. En menos de 24 horas se registraron 7 homicidios por encargo en diferentes puntos de la capital y con autoridades políticas que no atinan a nada contra las muertes por encargo ni la extorsión.
-Los asesinatos, extorsiones y otros delitos están en aumento. ¿Considera que las penas para los criminales deben incrementarse?
-Están en aumento, pero no porque las penas sean bajas. Los asesinatos están en aumento porque no existe una estrategia de lucha contra el crimen organizado. Asimismo, carecemos de una voluntad política contundente, de respaldo a la Policía Nacional y a la comunidad de inteligencia, sumado a la ausencia de una reforma global en el sistema de justicia, incluyéndose al Ministerio Público y a los estándares internacionales en materia de presupuesto, destinados a mega estructuras de lucha contra organizaciones transnacionales dedicadas a crímenes aberrantes como trata de personas, lucha contra mafias de pseudo movimientos migratorios y otros que vienen golpeando a la seguridad jurídica y a la tranquilidad ciudadana del país.
-¿La pena de muerte es una opción para disuadir a los asesinos a sueldo?
-Sí, siempre la pena de muerte será disuasiva para combatir delitos aberrantes y es una de las medidas que, el Estado nacional puede adoptar dentro de su macro estrategia de inteligencia, utilizando la prevención general y la prevención especial. Por esta razón, el Estado peruano debe evaluar seriamente la opción de retirarse parcialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro está que la pena de muerte por sí sola no es efectista. Tiene que venir acompañada de otras líneas de acción como las cadenas perpetuas y de sistemas carcelarios sin corrupción y con regímenes sumamente rígidos y estrictos. Por lo tanto, en esta tarea existen muchas instituciones involucradas que deben estar subordinadas a una voluntad política contundente.
-¿Se debe hablar ya de seguridad nacional?
-Nuestras autoridades tienen que comprender que la reacción del Estado debe tener como viga maestra la seguridad nacional, superando el concepto de seguridad ciudadana; puesto que, el ataque delincuencial que está recibiendo el país, tiene como objetivo superior generar la inestabilidad, el sabotaje y el deterioro en todos su tejidos, de la sociedad peruana; sin perjuicio que estas organizaciones criminales ya infiltraron nuestras instituciones y por esta razón, los aparatos de contra inteligencia deben estar sumamente alerta para detectar estas operaciones de sabotaje institucional.
-¿Estaría de acuerdo con condenar a 30 años de cárcel a un delincuente que roba un celular o balea a una persona durante un asalto, así sea la primera vez que roba?
-Jurídicamente los delitos tienen un tratamiento de racionalidad y proporcionalidad punitivos y sobre todo de reincidencia del crimen. Sin embargo, muchos países están elaborando una legislación orientada hacia la lucha contra el terrorismo urbano; es decir, es una mirada jurídica bajo el sistema de bienestar general y de seguridad nacional. Incluso, si se quiere, en estado de crisis o de emergencia, se puede legislar de manera excepcional como lo fue en la época del terrorismo. Por lo tanto, sí estoy de acuerdo con que excepcionalmente, la reincidencia sea controlada o manejada bajo otros parámetros punitivos que permitan el incremento sustancial de la pena, así sean delincuentes primarios; claro está, de manera excepcional por los motivos antes expuestos.
-¿El Estado de Emergencia fracasó?
-El Estado de emergencia es una medida extraordinaria que fluye de una macro estrategia de inteligencia. Un Estado de emergencia no puede actuar sin inteligencia. Para explicarlo de manera sencilla, una vez cumplido el ciclo de inteligencia, es decir: recojo de información, procesamiento de información y convertir ésta en inteligencia, recién allí se podría determinar la implementación de un Estado de emergencia o no; caso contrario, estaríamos generando la diseminación y el desplazamiento de las organizaciones criminales hacia otros distritos, que es exactamente lo que ha ocurrido.
Para definir un Estado de emergencia, previamente se tuvo que haber establecido una infiltración en las organizaciones criminales, el sabotaje de inteligencia, su desestabilización y recién allí, conociendo su ubicación, sus capacidades, sus fortalezas, sus aliados en el crimen, se genera lo que se denomina el cerco horario con el toque de queda; el cerco geográfico y el cerco con las capacidades del Estado a través de la Policía.
-¿Considera una opción que las Fuerzas Armadas colaboren con la seguridad?
-No. No es la vía de solución. No es necesario. La colaboración de las Fuerzas Armadas a la Policía y a la inteligencia nacional, podría estar en estrategias precisas como el resguardo de fronteras; resguardo del espacio aéreo en la lucha contra el narcotráfico; resguardo marítimo y podría colaborar con los sistemas de comunicaciones en la lucha contra el crimen organizado; inclusive, las Fuerzas Armadas podrían colaborar con información; pero, en el mismo teatro de operaciones, los protagonistas y los ejecutores son nuestros oficiales de inteligencia y nuestra Policía Nacional en sus diferentes unidades operativas.
FICHA TÉCNICA. El Dr. Iván Torres La Torre es profesor del Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN; Profesor de la Universidad Ricardo Palma y de universidades en el extranjero.
