PIDEN AL NUEVO JEFE de la Oficina Legal “reevaluar su posición de reestructuración”, a pesar de las múltiples denuncias de irregularidades.
Ante penosa situación, hasta el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pide censurar a la Mesa Directiva.
El Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (SITRACON), presidido por el terno Marco Tulio Vizcarra, solicitó al flamante jefe de la Oficina Legal y Constitucional, Angel Delgado, “reevaluar su posición de reestructuración”, lo que en la práctica significa impedir el reordenamiento de un órgano que, a la luz de las denuncias en diversos medios
de comunicación, se ha constituido en un foco de informalidad y presunta corrupción. Delgado Silva, al referirse en torno a la presunta red de prostitución enquistada dentro de su nuevo centro de trabajo, indicó que su gestión tratará de “reconstruir” esa mal imagen guardaba por toda la ciudadanía.
“Sobre las ruinas, sobre lo que ha sido el epicentro del antro de corrupción, tratar de reconstruir y pasar de la crítica hacia una propuesta”, manifestó para el ex Solidaridad Nacional e Izquierda Unida. Justamente por esas declaraciones, el SITRACON, a través de una carta enviada por su Secretario General, le hacen saber su descontento e incomodidad por referirse de esa manera a una institución tan importante del Estado,una postura administrativa más que política, así como conocer plenamente las funciones y competencias que implican su alto cargo dentro del Parlamento.
“Es preocupante que un funcionario del Servicio Parlamentario se exprese de esa manera de la oficina que jefatura, toda vez que la palabra antro alude a un local o establecimiento de mal aspecto o de mala reputación. Tanto fue el impacto de dicha expresión, que el periodista Fernando Carvallo la repitió al finalizar la entrevista”, se lee.
“No podemos pretender mejorar la imagen del Congreso si nuestros propios funcionarios no cuidan sus expresiones públicas, lo cual a todas luces se emiten sin ninguna prueba objetiva o como resultado de una investigación”, continúa el escrito firmado por Julio Vizcarra, secretario general del sindicato.
Asimismo, le sugieren que evalúe con mayor prudencia la idea de reestructurar la Oficina Legal y Constitucional, indicando que se contrataría nuevo personal para dicho despacho que no se ajustaría a la necesidad y perfiles requeridos.
Sin embargo, la posición del gremio de trabajadores impide en la práctica mejorar los estándares de calidad laboral en el Congreso de la República, especialmente en el Servicio Parlamentario, además de perpetuar ciertas prácticas que no son ya acordes a los actuales tiempos, especialmente la estabilidad laboral.
CONTINÚA POLÉMICA
José Cevasco, exoficial Mayor del Congreso, Cuando hay una crisis política, los
que están llamados a afrontarla son los políticos y no el personal administrativo del Congreso. Todo funcionario designado o por elección popular está sujeto al escrutinio público. Esto se conoce también como excepción de crítica política o excepción de interés público.”, refirió el exoficial Mayor.
“En caso el señor Soto me denuncie, presentaré un recurso de excepción de la verdad para que el juez evalúe mis declaraciones y las contraste con la verdad de los hechos que aún no se esclarecen y que están en proceso de investigación”, agregó. respondió al anuncio que hizo el congresista Alejandro Soto, expresidente del Parlamento, de que iba a presentar una demanda penal contra él por señalar que Giovanni Forno, sucesor en el cargo de Cevasco, se habría “inmolado” para protegerlo, cuando declaró ante la Comisión de Fiscalización por el caso Torres Saravia.
Al respecto, Cevasco Piedra indicó que, en caso Soto Reyes cumpla con denunciarlo, respondería con un recurso ante el juez. “Lo que sí tengo que ser enfático y tengo que rechazar son las declaraciones del señor José Cevasco, exoficial Mayor, quien al parecer pretende volver a ser Oficial Mayor del Congreso, porque lo que ha hecho es desacreditar al señor Giovanni Forno, actual Oficial Mayor, señalando que él se habría inmolado, al estilo
bonzo, para protegerme a mí”, había señalado el expresidente del Congreso, Alejandro Soto.
Fiscalía denuncia a congresistas
La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales presentó una denuncia constitucional contra siete congresistas de la República. Dichos parlamentarios son Kira Alcarraz Agüero, María del Carmen Alva Prieto, Patricia Chirinos Venegas, Edward Málaga Trillo, Jorge Zeballos Aponte, Diego Bazán Calderón. Estos congresistas son acusados como presuntos autores del delito de
peculado doloso. Según la denuncia, el grupo de parlamentarios viajó a la ciudad de Trujillo el 11 de febrero de 2023. Para este viaje, habrían utilizado boletos aéreos costeados por el Congreso de la República. El motivo del viaje habría sido participar en la celebración
del onomástico del congresista Diego Bazán Calderón.
La denuncia también incluye a la congresista Rosangella Barbarán Reyes. Ella es acusada como presunta autora del delito de peculado doloso en grado de tentativa.
Al igual que sus colegas, intentó viajar a Trujillo para asistir al onomástico de Bazán Calderón. Para ello, habría gestionado la emisión de su boleto aéreo, también costeado
por el Congreso. Sin embargo, por “motivos personales”, no realizó el viaje.
