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Fiscales confunden pistola con fusil y encarcelan a 5 ingenieros

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Los acusan ante JNJ de investigación sesgada y con graves irregularidades para encubrir a los verdaderos asesinos de “asesor en la sombra” de alcalde de Bagua. Hoy es la audiencia y se espera libertad de inocentes

      Por graves omisiones, irregularidades y objetividad en sus investigaciones por el asesinato del asesor político Enrique Delgado Legoas, y que han motivado la prisión preventiva de cinco ingenieros por nueve meses en Bagua Grande, Amazonas, dos fiscales fueron denunciados ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), más aún cuando un reciente peritaje de la Dirección de Criminalística de la PNP determinó que el arma del crimen no fue una pistola sino un fusil o carabina de largo alcance.
      Esta nueva evidencia desbarata por completo las acusaciones del fiscal adjunto provincial Yovani Arturo Bravo Gonzales, y la fiscal provincial, Ana Bazán Collantes, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Utcubamba, quienes sin pruebas concretas solicitaron y lograron la prisión preventiva de los cinco ingenieros.

EL ASESINATO
  Este caso, que ha conmovido a la población de Bagua Grande, ocurrió el 14 de febrero pasado, en el departamento de “Kike” Delgado Legoas, ubicado en un cuarto piso y donde se reunía con los cinco ingenieros para conversar sobre unas obras de saneamiento. Delgado era conocida por ser un “asesor en la sombra” del alcalde provincial de Utcubamba.
 Durante la charla, se escucharon al menos dos disparos y “Kike” Delgado murió por las heridas. Los testigos permanecieron en el lugar del asesinato y llamaron a la policía, pero a pesar de sus testimonios, los policías los detuvieron como presuntos asesinos y los fiscales se encargaron de sustentar la denuncia de prisión preventiva,
 En la denuncia contra los dos fiscales ante la JNJ, la defensa de los ingenieros encarcelados señalan hasta seis graves omisiones en las investigaciones de los fiscales, quienes no han llamado a declarar al alcalde o gerente general de la municipalidad de Utcubamba, pese a que se repite en cada audiencia que el finado los asesoraba en el otorgamiento de obras públicas.
      
FALTA INVESTIGAR
  La defensa remarca que hay una negligencia total en la recolección de evidencias, como si no se quisiera investigar pese a que han transcurrido siete meses del crimen, y señalan que ni siquiera se ha determinado el origen de los disparos, ni los autores ni la trayectoria de la bala que acabó con la vida de Delgado delante de los cinco ingenieros.
 Tampoco se han realizado diligencias para recabar vestigios, objetos o evidencias que puedan vincular a las personas que realizaron el disparo. “Esta omisión podría constituir un presunto encubrimiento por omisión y una falta de ejercicio de la acción penal”, según la defensa ante el JNJ.
 También se advierte que los fiscales, como titulares de la investigación, no se han preocupado de revisar cámaras de seguridad de los lugares adyacentes al domicilio del suceso y tampoco han solicitado los videos de las cámaras de la Municipalidad de Utcubamba.
  Hay un rosario de omisiones, porque tampoco se han dispuesto diligencias de inteligencia policial, pues no se ha realizado la geolocalización de las llamadas recibidas por el occiso el día del suceso y ni siquiera han realizado un patrullaje virtual en redes sociales para saber a quién asesoraba el occiso tanto en las sombras como públicamente.

PERICIAS EN LIMA CONFIRMAN ERROR

El Sub Oficial de Segunda PNP Hans Llatas Alarcón, en el Informe Pericial de Balística Forense N°66-2024, afirmó erróneamente que el arma utilizada era de calibre 38 o 9 milímetros. Sin embargo, el reciente Informe Pericial N°29222/24, realizado por expertos de Lima, ha revelado que el disparo provino de un arma de calibre 7.62mm o 308, típicamente utilizada en fusiles de largo alcance.
“Este caso pone de manifiesto las graves consecuencias que pueden tener los errores en las investigaciones forenses”, comentó un experto en derecho penal consultado para este artículo. “Es imperativo que se revisen los protocolos y se mejore el equipamiento de las unidades regionales”.

NO LOS INVESTIGAN

  El abogado Kenji Espinoza expresó su extrañeza y también llama la atención a la JNJ que, momentos antes que se escucharan los disparos, el encargado de la seguridad de “Kike” Delgado y su chofer, abandonaron el departamento, pero ellos no han sido interrogados, lo que denotaría una “investigación selectiva y limitada”.
  Igualmente se cuestiona que los fiscales, en su investigación, no convoquen a las autoridades municipales, a pesar de que en las redes sociales se conoce que el occiso asesoraba al alcalde de Bagua Grande “entre las sombras”, lo cual abre paso a posibles actos de venganza por parte de terceros contra Delgado.
  La defensa hace notar, en denuncia ante la JNJ, que los fiscales cometen parcialidad y graves irregularidades al solo centrarse en los cinco ingenieros como responsables del asesinato, cuando ninguno de ellos dio positivo a la prueba de absorbían atómica, es decir, ninguno disparó un arma de fuego el día del crimen.
  Se trataría, según esta hipótesis de la defensa, de encubrir a los verdaderos autores -intelectuales y materiales- del asesinato de “Kike” Delgado, pues la bala que acabó con su vida penetró por una mampara de vidrio, disparada desde el exterior de su departamento, lo que bastaría para declarar la inocencia de los ingenieros.
  Estas omisiones fiscales ponen en riesgo una investigación exhaustiva y objetiva que no solo compromete la integridad del caso, sino que también plantea serias dudas sobre la administración de justicia en este caso particular y potencialmente en la región de Amazonas, donde proliferan la tala ilegal, la minería ilegal, el narcotrárico y otros delitos.

TOTAL INJUSTICIA

      Pese a las omisiones y vacíos en las investigaciones de los fiscales, el juez Carlos Guillinta Domínguez aprobó la solicitud que ellos presentaron de nueve meses de prisión preventiva contra los ingenieros David Bustamante Oblitas, Erick Joel Carhuajulca, Edgard Rolando Guevara Gálvez, Luigi Jonathan Mora Ancajima y Reyle Cieza Flores por el presunto delito de homicidio contra Enrique Delgado. La jueza Kelly Reyna Vidal del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Amazonas ratificó esta disposición.

EL DATO

La audiencia crucial será hoy martes 17 de septiembre y se espera que la defensa logre la libertad de los detenidos. Sus familiares, quienes han mantenido su fe en la inocencia de sus seres queridos, ven una luz al final del túnel. “Han sido 8 meses de angustia y desesperación”, expresó la madre de uno de los detenidos. “Esperamos que la justicia finalmente prevalezca”, señalaron.