Condenas por corrupción y violación a DDHH, pesan sobre su legado
Elio Riera, abogado defensor de Alberto Fujimori, sorprendió al admitir en una entrevista con el portal LP Derecho que su cliente fue un dictador, aunque solo por dos meses tras la disolución del Congreso en 1992.
Riera defendió el controvertido autogolpe afirmando que fue una medida urgente y temporal, necesaria para estabilizar el país.
Según el abogado, la situación no se puede comparar con regímenes prolongados como los de Hugo Chávez o Nicolás Maduro en Venezuela. «No es lo mismo», enfatizó, señalando que Fujimori instauró el control del Estado solo durante un corto periodo.
Sin embargo, la justicia peruana sostiene lo contrario. Tras el golpe del 5 de abril de 1992, Fujimori, junto con su asesor Vladimiro Montesinos, asumió el control absoluto del país, especialmente de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Esto quedó probado en la sentencia por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, que responsabilizó a Fujimori como autor mediato de las ejecuciones extrajudiciales de civiles.
El Poder Judicial determinó que Fujimori mantuvo el mando militar y político, consolidando un régimen autoritario que violó gravemente los derechos humanos.
Además de las condenas por crímenes de lesa humanidad, Fujimori acumuló otras sentencias por corrupción y abuso de poder.
Entre los casos más sonados está el desvío de fondos públicos para financiar su reelección, el espionaje a periodistas y políticos, y la creación de los «diarios chicha» para atacar a sus opositores.
El dato
Aunque su abogado sigue justificando sus actos como necesarios en un momento de crisis, las condenas históricas contra Fujimori por corrupción y violaciones a los derechos humanos pesan sobre su legado, mientras la sociedad peruana sigue dividida respecto a su figura.
