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Presidente del Poder Judicial: Fiscales no deben pedir “prisión preventiva por cualquier cosa»

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¿QUIÉN TE DEVUELVE EL TIEMPO PRESO SI ERES INOCENTE?”

Javier Arévalo recomienda  a magistrados no apelar a esta figura «por cualquier cosa y si no se dan los requisitos que demanda la ley”.

 “¿Qué sucedería si al pasar 36 meses detenido se diga que no tenía nada que ver con el tema?”, inquiere frente a esta manía legal.

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo entró a tallar en la polémica sobre la aplicación o no de la prisión preventiva y le llamó la atención a los fiscales, a quienes recomendó que “no deben pedir la prisión preventiva por cualquier cosa si no se dan los requisitos que demanda la ley”.
En una radio local, el titular del PJ fue tajante en solicitar mayor responsabilidad a los fiscales al momento de solicitar la drástica medida de prisión preventiva contra un investigado, y advirtió que esta figura de la ley penal no debería solicitarse solo porque “hay presión de la opinión pública”.
¿Y SI SON INOCENTES?
Arévalo también comentó la ligereza con que actúan muchos fiscales que solicitan hasta 36 meses de prisión preventiva cuando ni siquiera han avanzado la cuarta parte de sus investigaciones, cuando lo primero debe ser tener pruebas sólidas para después solicitar el enviar a la cárcel a un
investigado,
“No es que pido prisión preventiva y luego investigo. Qué sucedería si al pasar 36 meses detenido y al acabar se diga que no tenía nada que ver con el tema. ¿Y los 36 meses en la cárcel?, ¿qué pasó? No debe ser así, debe haber una investigación que demuestre que hay fuertes argumentos para poder encarcelarte”, remarcó.En ese sentido, el presidente del Poder Judicial coincidió con los ex presidentes del Tribunal Cons-titucional, Ernesto Blume y Víctor García Toma, quienes expresaron su rechazo a la aplicación indiscriminada de la prisión preventiva, una práctica extendida entre los fiscales anticorrupción desde hace varios años.

JUECES RESPONSABLES
Con el mismo énfasis, Arévalo también demandó
responsabilidad a los jueces al momento de emitir una sentencia y cuando se trate de evaluar los pedidos de prisión preventiva que le hacen los fiscales, como es el caso de los “Waykis en la sombra”, que compromete a Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta de la República.
Al respecto, consideró que los magistrados “tienen que ser lo suficientemente valientes para no ceder
ante la presión popular” e insistió en que los jueces
deben resolver según sus conciencias y las pruebas, sin ceder a presiones externas que podrían existir.
“El juez no puede resolver en base a lo que digan la masa o los medios de comunicación.
Los jueces resuelven de acuerdo a la Constitución y su conciencia dirá si pro- cede. Si yo juez estoy convencido que no se dan los requisitos para la prisión preventiva, por más que todo el Perú diga prisión preventiva, yo no la aplico porque esa es la independencia del juez”, apuntó.
LEYES DE EXCEPCIÓN
Arévalo también consideró necesario que, para derrotar a la criminalidad, se necesita liderazgo político y autoridad, así como “leyes de excepción” para enfrentar el avance de la criminalidad, que se ha potenciado con la participación de delincuentes extranjeros en los últimos años.
Las leyes de excepción, expresó, se requiere para que tanto la policía como los magistrados puedan tener más respaldo cuando los criminales sean capturados, sentenciados con penas efectivas y recluidos en penales de alta seguridad.

“El líder contra la delincuencia tiene que ser quien representa a todos los peruanos, quien debe convocar a todos los poderes del Estado y decir qué vamos hacer y dentro de la independencia, dar recursos, y si no funcionan, decir quién no funciona, pero para eso hay que tener liderazgo y autoridad”, enfatizó.
Arévalo si resaltó que el Poder Ejecutivo haya aprobado destinarles un mayor presupuesto para el 2025, que se usaría para fortalecer el sistema de flagrancia a nivel nacional, pero sin mencionar
a Petroperú, lamentó que se insista en invertir en
empresas que solo acarrean pérdidas.
“Tendremos 15 unidades de flagrancia en este año, pero se está derrochando dinero en empresas que- bradas, en ministerios, cuando se puede invertir en justicia o construir un nuevo Palacio de Justicia, educación y otros temas importantes”, afirmó.